Ecuador vuelve a pararse frente al espejo de su Constitución. Siete preguntas lanzadas desde el Ejecutivo, en forma de referéndum, buscan reformar aspectos esenciales del modelo de Estado establecido en Montecristi en 2008.
El presidente Daniel Noboa convoca al país a pronunciarse sobre temas tan diversos como las bases militares extranjeras, la eliminación del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), el financiamiento estatal a los partidos, el trabajo por horas en el sector turismo o la reapertura de casinos.
La narrativa oficial es clara: eficiencia, gobernabilidad y atracción de inversión. Pero debajo de esa superficie técnica se esconde una discusión mucho más profunda: ¿qué país queremos construir?
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Democracia: verdadera o falacia
Algunas preguntas planteadas implican un rediseño de fondo. La eliminación del CPCCS, aunque responde a demandas ciudadanas de mayor transparencia, podría derivar en una concentración peligrosa de funciones en la Asamblea Nacional, hoy fragmentada y marcada por intereses coyunturales. ¿Eliminar un poder para fortalecer otro sin contrapesos reales?
Otras propuestas, como permitir bases militares extranjeras en suelo nacional, chocan con un principio fundacional de la Constitución: Ecuador como territorio de paz. No se trata solo de estrategia militar, sino de identidad política, de soberanía y de nuestra postura geopolítica en un mundo cada vez más polarizado.
En lo económico, medidas como la contratación por horas en turismo o la reducción de asambleístas parecen atractivas por su aparente “racionalidad presupuestaria”. Pero hay una línea delgada entre eficiencia y precarización. Lo que comienza como una reforma sectorial puede convertirse en jurisprudencia para flexibilizar derechos laborales en cadena.
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Liderazgo con sentido constitucional
La reapertura de casinos, por otro lado, plantea una paradoja ética: financiar programas sociales con una actividad que puede generar adicciones, lavado de activos y desigualdad. ¿El fin justifica los medios?
No se trata de satanizar las reformas. Todo orden constitucional requiere evolucionar. Pero una democracia madura no reforma su carta magna como se ajusta un presupuesto. Cada enmienda debe pasar no solo por el filtro de la legalidad, sino por el lente de la justicia social, la soberanía colectiva y la ética del poder.
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Este referéndum no puede ser reducido a un simple “sí” o “no”. Es una invitación a pensar el país desde sus raíces: ¿queremos más agilidad en la toma de decisiones, incluso a costa de debilitar los contrapesos institucionales? ¿Estamos dispuestos a cambiar derechos conquistados por inversión o control político?
La respuesta no está solo en las urnas. Está en el nivel de conciencia con el que la ciudadanía decida mirar más allá del voto y preguntarse: ¿esto nos acerca al país que soñamos o nos aleja del que merecemos? (O)
Jorge Ortiz Merchán, máster en Economía y Políticas Públicas, Durán
