Hoy quiero abrir un debate sobre un tema que nos atañe a los ecuatorianos que somos usuarios de tarjetas de crédito. Es real que millones de ciudadanos enfrentamos un enemigo silencioso en la economía de nuestros hogares. Las tarjetas de crédito fueron hechas como un “alivio” para solventar los gastos a largo plazo de las familias ecuatorianas. Sin embargo, lo que empezó como una herramienta se ha convertido en una trampa financiera debido a excesivos intereses y cobros indebidos que muchas veces pasan desapercibidos en los estados de cuenta que llegan mes a mes como puñales digitales a manos de los usuarios crediticios que no comprenden cabalmente la dinámica del uso del plástico.
Según datos del Banco Central, las tasas de interés en tarjeta de crédito llegan hasta el 17,30 % anual, sin incluir los recargos por mora, membresías, seguros no autorizados y “ahorro programado”.
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Muchos usuarios denuncian diariamente recargos duplicados, comisiones ocultas y falta de transparencia en los estados de cuenta. Personalmente, he sido víctima del silencioso atraco de estos entes financieros que me cobraban todos los meses recargos a mi tarjeta de crédito sin mi consentimiento por concepto de “seguro y ahorro programado”, adicionando mensualmente el rubro de $ 38 al consumo de mi tarjeta. Estos valores van sumando a la deuda total, formando una bola de nieve sin haber hecho nuevas compras. Cuando te acercas a la entidad financiera a pedir un desglose de los gastos mensuales te informan de recargos no autorizados.
Esta situación no solo pone en jaque la estabilidad financiera de las familias, sino que también refleja una falla en los controles por parte de la Superintendencia de Bancos y otras entidades de regulación. Mientras tanto, las instituciones financieras continúan “metiendo la mano en los bolsillos” de los ecuatorianos, aumentando sus ganancias y réditos financieros a costa del endeudamiento crónico de los ciudadanos.
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Hago un llamado a las autoridades ecuatorianas a revisar las políticas de interés y regular con mayor firmeza los cobros permitidos por las entidades financieras. También, la ciudadanía debe de informarse y revisar sus estados de cuenta y denunciar si nota algún abuso a la Defensoría del Pueblo con el fin de crear conciencia en la población en general. No podemos normalizar que el crédito se convierta en una cadena perpetua de deuda impagable. Que estemos esclavizados financieramente a pagar injustos intereses y recargos que no hemos generado. (O)
Julián Barragán R., máster en Negocios Internacionales, Guayaquil