Preocupa profundamente la situación que se ha generado entre países hermanos y fronterizos a raíz de la denominada “guerra comercial de aranceles”, cuyo origen no es meramente económico, sino consecuencia directa de problemas estructurales que afectan desde hace décadas a la región: la siembra, el tráfico de cocaína, la minería ilegal y la presencia de grupos armados irregulares y otras organizaciones criminales.
Estas actividades ilícitas han provocado graves consecuencias en materia de seguridad, gobernabilidad y desarrollo social, sin que hasta la fecha se vislumbren soluciones efectivas.
Tanto el multilateralismo como la diplomacia tradicional y los organismos regionales han resultado insuficientes frente a la magnitud y persistencia del problema, quedando en deuda con nuestras sociedades.
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En este contexto, resulta legítima la decisión del presidente Daniel Noboa de adoptar medidas arancelarias como un mecanismo de presión política, orientado a exigir un tratamiento serio y responsable del conflicto.
Durante años, amplias zonas del sur de Colombia –como Nariño, Cauca, sur del Tolima y Caquetá– han sido abandonadas por el Estado y progresivamente controladas por grupos delincuenciales, fortalecidos por la siembra de más de 260.000 hectáreas de cultivos ilícitos, convirtiendo a esta región en un foco permanente de violencia e inestabilidad.
Cabe recordar que en administraciones anteriores se impulsaron políticas de erradicación, incluida la fumigación aérea en zonas específicas. Si bien dichas medidas generaron controversias y efectos colaterales, su abandono evidenció la falta de continuidad y voluntad política necesaria para enfrentar de manera sostenida el narcotráfico. De haberse mantenido una estrategia firme y coherente, probablemente no se estaría enfrentando hoy la crisis actual.
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Se deben definir acciones concretas y eficaces para erradicar de raíz la siembra de hoja de coca, mediante mecanismos estatales firmes, selectivos y sostenidos que permitan recuperar la seguridad y la tranquilidad de la región.
Solo así será posible liberarnos de los efectos devastadores que por años han afectado a nuestra sociedad y aspirar a recuperar la paz y estabilidad que en el pasado caracterizaron a nuestro país. Como señala el adagio popular: “Muerto el perro, se acabó la rabia”. (O)
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Antonio Martínez González, cirujano general, Samborondón


















