El Gobierno, sin proponérselo, ha incrementado en la ciudadanía la percepción de inseguridad. Hace un par de noches fuimos testigos en el puente sobre el Machángara, en el norte de Quito, de cómo un Jeep, último modelo, sin placas, cruzó a un auto sedán, conducido por un adulto mayor, provocándole un miedo paralizador, para luego, antes de ingresar al túnel Guayasamín, seguir escoltando a un vehículo negro de alta gama, sin placas –que también rebasó con impericia a otro auto particular justo antes de la entrada al túnel–, pero con la novedosa e intrépida disposición a saltar del vehículo –con la puerta derecha delantera semiabierta– por parte del señor militar que estaba en el Jeep, recordándonos a los Iwias que defendieron con tanta gallardía nuestro suelo patrio en 1995. La Policía Nacional debe seguir manteniendo el monopolio de la escolta de estos apurados funcionarios que circulan en hora pico –la otra noche fue igual, pero en el interior de un conocido centro comercial–, y las Fuerzas Armadas concentran su esfuerzo donde Ecuador hace agua: minería ilegal, fronteras, aduanas y puertos.
Los derechos de los delincuentes
El ecuatoriano, por naturaleza, es reactivo a la prepotencia, y al Gobierno le interesa tener a su población de lado y no criticando estas malas prácticas. Por último, es urgente lograr la cooperación de los miles de taxistas del país, para apoyar con su sistema integrado de radio a la Policía Nacional en las labores de persecución contra el criminal y delincuente que usa y escapa en motos –que amenazan con caotizar irreversiblemente el tráfico en el país– y en vehículos robados.
El túnel Guayasamín, que un viernes 18 de julio ha sido el teatro de operaciones de esta insólita conducta, debería tener, en su parte final, una pequeña unidad de Policía para atrapar a los delincuentes que en moto a toda velocidad circulan como lo hicieron estos dos autos, sin norma eficaz ni dispositivo policial que los contengan. Todos queremos que le vaya bien a este Gobierno, y que el presidente disponga el alto a estas infortunadas conductas de quienes son, en territorio, sin darse cuenta, el rostro e imagen del Gobierno. (O)
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Diego Fabián Valdivieso Anda, economista, Quito
