La reciente remisión a la Asamblea Nacional del proyecto de ley para la sostenibilidad y eficiencia del gasto de los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD) por parte del presidente Noboa ha puesto el dedo en la llaga de una realidad innegable: el modelo administrativo del Distrito Metropolitano de Quito es obsoleto.

Bajo la pretensión de obligar a los municipios a destinar el 70 % de su presupuesto a inversión y apenas un 30 % a gasto corriente, la ley expone la vulnerabilidad de una capital que, históricamente, ha permitido que su presupuesto sea devorado por una estructura burocrática sobredimensionada. En Quito no solo se gasta mucho, se gasta mal.

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La parálisis de la ciudad tiene responsables directos: un Concejo Metropolitano que ha renunciado a su rol legislativo. Los concejales, convertidos en figuras populistas y precandidatos permanentes a la Alcaldía, han ignorado la redacción del Estatuto Autonómico, la herramienta jurídica que permitiría a Quito dejar de ser un municipio estándar y convertirse en un distrito real. Su desinterés por reformar el Cootad o reestructurar secretarías inoperantes responde a una lógica perversa: mantener el statu quo que alimenta sus clientelas políticas.

Ante este escenario, la solución no es solo un recorte financiero, sino una revolución administrativa. Es imperativo migrar hacia un modelo de descentralización profunda mediante la creación de “minialcaldías”. El modelo actual de administradores zonales designados “a dedo” ha fracasado en su operatividad. Necesitamos administradores elegidos por voto popular en cada zona, con presupuesto propio y autonomía para ejecutar obras. Solo cuando el administrador responda directamente al vecino que lo eligió –y no al alcalde que lo nombró– se romperá el cuello de botella centralista que hoy asfixia a los barrios.

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Reformar los presupuestos administrativos no es una opción, es una emergencia. El alcalde debe entender que su rol es la estrategia macro de la ciudad, mientras que la ejecución debe estar en manos de figuras territoriales responsables. Quito no puede seguir siendo rehén de un Concejo que busca votos y de una matriz burocrática que consume los recursos destinados al asfalto y al agua potable.

La ley de Noboa puede ser el catalizador, pero la verdadera transformación vendrá cuando los quiteños exijan un Estatuto Autonómico que le devuelva la ciudad a sus barrios y se la quite a los burócratas. Es hora de que el dinero de los impuestos deje de alimentar el canibalismo político y empiece, finalmente, a construir una ciudad.

La descentralización operativa y la elección directa de administradores zonales es, posiblemente, la reforma estructural más coherente para que Quito recupere su dinamismo. Si este modelo se aplicara, Quito dejaría de ser un botín político para convertirse en una red de gestión eficiente, donde el ciudadano finalmente sea el jefe de quien administra su barrio. (O)

Carlos Bustamante Salvador, abogado criminalista y mediador, Quito