La pugna de poderes es un tema que nos enzarza a todos los ecuatorianos por ser materia controversial. Se trata de una vieja realidad de la democracia liberal, que no debe entenderse como un simple choque gubernamental, sino como un mecanismo institucional de dirimencia jurídica, diseñado precisamente para evitar salidas autoritarias frente a los conflictos del poder. Sin embargo, hoy esta pugna tiene consecuencias reales para quienes depositan su confianza en las instituciones del Estado.
En gobiernos anteriores y también en el actual, hemos sido testigos de cómo los gobernantes, elegidos en libre democracia, abusan de la soberanía popular intentando controlar todos los poderes del Estado, incluyendo la justicia, la legislación y la aplicación del derecho. Esa intromisión desdibuja la independencia de las funciones y refleja la vulnerabilidad del ciudadano común, quien termina convertido en el eslabón más débil del sistema: expuesto a arbitrariedades, protecciones selectivas y a la transgresión de sus derechos fundamentales.
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En el marco legal, esta realidad evidencia una profunda división política que atraviesa al Ecuador en la actualidad. No es posible imaginar una sociedad o una democracia que permanezcan al margen de un conflicto interno entre sus propias instituciones. La pugna de poderes tiene, en nuestro país, una carga social y cultural de gran trascendencia. El poder judicial, en más de una ocasión, ha sido utilizado como herramienta de persecución o de protección, según convenga al Gobierno de turno. En estos casos, el Ejecutivo actúa como “juez y parte”, siendo imposible sostener una decisión justa y objetiva. Lo que debería ser un contrapeso se convierte, entonces, en un instrumento de manipulación política.
Guayaquil: cuna de libertad y progreso
Por tanto, la pugna de poderes no es simplemente una diferencia de criterios institucionales. Es, en realidad, una lucha por controlar la verdad, por decidir quién tiene el derecho de castigar y quién merece ser protegido. Cuando el Estado deja de servir al pueblo y transforma sus poderes en botín, la república se desmorona. En ese punto, el poder deja de ser un instrumento de servicio público para convertirse en una herramienta de dominación.
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En la actualidad, hemos sido testigos de un intento evidente del Ejecutivo por incidir en las resoluciones de la Corte Constitucional respecto a las preguntas de la consulta popular. Este tipo de maniobras demuestra la fragilidad institucional de un Estado que debería garantizar equilibrio, no sumisión. El resultado de estos procedimientos políticos refleja la falta de autonomía de las instituciones.
El desafío de nuestra época no es solo recuperar la independencia de los poderes del Estado, sino reconstruir la confianza en ellos. Porque sin justicia real no existe república que pueda sostenerse. Esta coyuntura mantiene en zozobra a los ecuatorianos, quienes hemos perdido la confianza que depositamos en nuestros gobernantes. Por ello, solo un respeto genuino a la independencia de los poderes del Estado podrá devolverle la credibilidad al sistema democrático. De lo contrario, seguiremos viviendo bajo la sombra de un poder que, en lugar de equilibrar, oprime, y de una justicia que, en lugar de proteger, calla. (O)
Julián Barragán Rovira, magíster en Management Estratégico, Guayaquil