Una de las más recientes decisiones del Ejecutivo se centra en la reducción del tamaño del Estado reflejado en la fusión y/o absorción entre ministerios y secretarías, esto es, pasar de 20 a 14 ministerios y de 9 a 3 secretarías, que significa una reducción del 41 % de la estructura ministerial, que en una primera etapa consistiría en 5.000 desvinculaciones. Siempre se ha hablado de reducir el tamaño del Estado, pero poco o nada se ha logrado. En las ocasiones que se logró la reducción no tardó mucho para que vuelva a incrementarse. Esta decisión es parte de las medidas que debe llevar a cabo el Gobierno dentro de los próximos años para reducir el gasto público dentro de sus compromisos con el Fondo Monetario Internacional (FMI) en una magnitud de 0,2% del producto interno bruto (PIB), esto es, alrededor de 200-250 millones de dólares por año; para los años 2027 y 2028 el ajuste en el gasto será de 0,3 % del PIB, esto es, 300-375 millones de dólares, lo que sumaría cerca de 1.250 millones de dólares en reducción del gasto salarial, que para el presupuesto del Estado bordea los 10.000 millones de dólares.
Pedidos urgentes, señor presidente
El gasto salarial representa la tercera parte del presupuesto del Estado. En algunos años, toda la recaudación de IVA interno e impuesto a la renta era equivalente a los salarios que debían destinarse para ese mismo año; incluso en algún momento no cubrían. Ahora es proporcional a los 2/3 de lo que se recauda en esos tributos. Obviamente es un costo importante para la sociedad; es un coste de oportunidad muy alto, pues consume recursos que podrían destinarse para otros fines con mejores éxitos. Asimismo, ¿este ajuste será suficiente? Recordemos que, por normativa legal establecida en la Constitución y en la Ley Orgánica de Servicio Público, el Estado está obligado a subir los sueldos obligatoriamente en aproximadamente 1 % anual con respecto al PIB, eso es 1.200 millones de dólares.
¿Cuál es nuestro proyecto de país?
Asimismo, no hay solo que enfocarse en el Gobierno central, sino también en los Gobiernos seccionales, pues existen municipios en donde el 80 % de su presupuesto es destinado al pago de sueldos y poco o nada se dirige a obra pública, en gran medida por los compromisos políticos, que se evidencia en dos o tres personas en una recepción, varias personas en pasillos esperando una instrucción, y muchos más ejemplos que saltan a la vista. Es necesario que la reducción del tamaño del Estado se realice de forma técnica, eficiente y transparente, para así eliminar la duplicidad de funciones de algunas entidades públicas, optimizando el gasto público; y así evitar que esto tenga un efecto búmeran derivado de las demandas que impulsarán los servidores públicos desvinculados, que en ocasiones anteriores ha terminado en reintegros a quienes se los debió indemnizar y pagar sueldos retroactivos, con las respectivas multas, siendo el remedio peor que la enfermedad.
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La decisión del Gobierno es pertinente y debe continuar con una revisión del aparato estatal para que sea el óptimo en función del tamaño de la economía, la adecuada salud de las finanzas públicas, entre otros; de tal forma que los futuros ingresos al sector público se efectúen bajo principios de responsabilidad y eficiencia, en aras de optimizar los recursos y usarlos para atender otras necesidades prioritarias y grupos vulnerables. (O)
Jorge Calderón Salazar, analista económico, Guayaquil
