En la consulta popular por más de que haya ganado el ‘no’, existe un plan de gobierno para vivir con dignidad que lo proclamó César Alarcón Costta como candidato a la presidencia del Ecuador en el 2002. Este plan fue presentado a consideración del pueblo ecuatoriano y de los estudiosos, en la aplicación del derecho, sin embargo, no ha tenido eco en los gobiernos de turno y, por lo tanto, las consecuencias nefastas siguen galopando, y la inseguridad, delincuencia y corrupción son los acompañantes inseparables.
Dentro del plan de Alarcón estaban el no al enriquecimiento ilícito tanto de ciudadanos comunes como de funcionarios y exfuncionarios del sector público; la cadena perpetua para los corruptos; las contrataciones no debían ser a dedo, sino a la vista del público, para garantizar la transparencia.
También dentro del plan estaba que los reos no ocuparan a futuro cargo alguno en la función pública; se requerirá por los medios pacíficos internacionales la extradición de los corruptos prófugos en el exterior; el juez que sea sancionado no desempeña cargos en la administración pública y perderá el derecho de ejercer la profesión de abogado; se depurará la Función Judicial y Policía Nacional. Él también propuso que la acumulación de penas y que los reos realicen trabajos forzosos y obligatorios con una remuneración que será entregada a sus familiares.
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También se propuso que la lucha contra el narcotráfico y el consumo de estupefacientes se intensificaría en todos los ámbitos, y que para esto se aplicaría con firmeza la ley actual sin abusos de autoridad.
Esperemos que el actual presidente de la República Daniel Noboa Azín o algún candidato a la presidencia de nuestro Ecuador a futuro, lo ponga en práctica, pues se lo necesita con el carácter de urgente. (O)
José Arrobo Reyes, economista y CPA, Guayaquil
