La pirámide de Kelsen nivel Ecuador

No cabe duda de que quienes hemos estudiado Derecho aprendimos en el primer semestre de la carrera la asignatura Introducción al Derecho. Muy interesante sobre todo para quienes tuvimos maestros de gran nivel. Desde aquella época no se nos puede olvidar jamás la famosa pirámide de Kelsen, en cuya cúspide está la Constitución como la norma jurídica suprema, la jerárquicamente más importante de todas las normas legales de un país.

Con claridad recuerdo que, al revisar la Constitución ecuatoriana de 1998, era fácil encontrar plasmados los derechos fundamentales tal y como deben estar en una Constitución de un país serio. Se veía una norma clara y hasta pura diría yo. Dicha Constitución con el paso de los años habría tenido que ser actualizada en algunos aspectos necesarios porque las normas jurídicas tienen que irse adaptando a los cambios sociales para seguir protegiendo los derechos fundamentales de los ciudadanos.

Lejos de ser un experto constitucionalista, siempre me he cuestionado si es que una Constitución como la vigente desde 2008, muy parecida en tamaño a una guía telefónica de los años setenta y hasta los noventa, que contiene más de 400 artículos, merece la misma “admiración” que teníamos por la de 1998, o sino más bien es un triste reflejo de un proyecto político totalitario que pretendía quedarse para siempre en el poder, y al que poco le importaba si todo el contenido iba a ser aplicable, práctico, razonable y en beneficio de nuestra sociedad. Quienes la crearon posiblemente se contentaron con el show que se dio para la creación de dicha norma, la publicidad sobre los “innovadores derechos de la naturaleza y de los animales”, la eliminación de bases militares extranjeras que dio la “bienvenida” a todo lo malo de lo que ahora estamos enterados ya empezaba a suceder en el país, entre otros temas.

Una asamblea constituyente que tuvo como preámbulo un “show de los manteles” de algunos exdiputados de la patria, y posteriormente todo un proceso constituyente complejo, que se dio el lujo de emitir hasta mandatos constituyentes, cuya atribución a hacerlo fue al menos discutible.

¿Qué es lo que tenemos hoy luego de 18 años de vigencia de nuestra Constitución actual? Pues a todas luces, una norma que, si bien contiene los derechos fundamentales que deben ser protegidos, por otro lado, está siendo una traba para la seguridad de nuestro país y de su gente, un problema para atraer inversión extranjera que genere trabajo e ingresos que tanto lo necesitamos. Una serie de normas y procedimientos complejos, burocráticos, con instituciones como el famoso Consejo de Participación Ciudadana, por citar uno de aquellos que han creado un caos de todo tipo en el país, por no entrar en detalles que son de dominio público. Toda una Ley Orgánica de Garantías jurisdiccionales y control constitucional con más de 200 artículos y otras normas relacionadas para poder aplicar la carta magna.

No cabe duda de que los abogados tendríamos que defender a muerte el respeto por la Constitución y las resoluciones de la Corte Constitucional que busquen proteger que se cumpla y no se violen las normas de la carta magna, pero seamos realistas. ¿En realidad nuestra actual Constitución está acorde a lo que vive nuestra sociedad? ¿Es defendible una norma más allá de que en la práctica es un bloqueo para proteger a la sociedad de la criminalidad? Es un dilema que lógicamente va más allá de los análisis jurídicos técnicos. (O)

Miguel Pizarro, abogado, Quito