Se estima que el 50 % de los insumos utilizados para tratamientos de diálisis en Ecuador proviene de Colombia. Esta realidad, que durante años pasó desapercibida para la mayoría, hoy se convierte en una preocupación nacional ante las tensiones provocadas por la presencia de grupos armados irregulares y los problemas de seguridad en la frontera norte. Las consecuencias no tardan en sentirse: retrasos en el transporte de insumos médicos, incertidumbre en los centros de salud y miles de pacientes que ven amenazada la continuidad de su tratamiento.
En el país, más de 20.000 personas dependen de la diálisis para sobrevivir. Muchos de ellos deben someterse al procedimiento una o dos veces por semana. Para estos pacientes, la diálisis no es una opción o algo postergable: es vital. La falta de filtros, soluciones y otros insumos médicos puede poner en riesgo inmediato su vida y agravar una crisis sanitaria que, aunque silenciosa, afecta a miles de familias ecuatorianas.
El problema es más grave de lo que parece. No se trata únicamente de una dificultad logística o comercial. Estamos frente a un tema que involucra derechos fundamentales consagrados en la Constitución. El artículo 32 establece que la salud es un derecho que el Estado debe garantizar mediante políticas económicas, sociales, culturales y sanitarias. Asimismo, el artículo 363 dispone que el Estado será responsable de garantizar el acceso permanente, oportuno y sin exclusión a programas, acciones y servicios de promoción y atención integral de salud.
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La salud de miles de ecuatorianos no puede quedar expuesta a los conflictos de la frontera ni a la fragilidad de los mercados internacionales. Garantizar la continuidad de los tratamientos de diálisis no es solo un deber administrativo: es una obligación. (O)
Elio Roberto Ortega Icaza, mediador y abogado criminalista, El Coca
