Las leyes han tipificado al delincuente como a un individuo que roba o asalta con un arma blanca o arma de fuego, la definición de “terrorista” no existe en el COIP, no está definida, se entiende por “terrorismo” la colocación de bombas, con una sanción de 16 años de prisión.
El narcotráfico ha logrado unificar el delito en toda la región, su arma más poderosa es el dinero, han generado una economía informal, con lavado de dinero en la economía, se manejan con organización empresarial y militar, vivimos una invasión armada al país, para tomarse sectores de las ciudades para ejercer libremente su negocio.
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Se podría decir que la delincuencia nos ha decretado la pena de muerte para mantener su negocio criminal, no hay la proporcionalidad entre la ley con el delito; la Constitución y las leyes se quedaron cortas para detener esta grave amenaza, es una aberración de la Constitución el impedirnos defender la vida y la propiedad; la ciudadanía no puede ni debe quedar desarmada.
Vivimos una “guerra civil” y la estamos perdiendo, el crimen organizado se está tomando el país. El presidente desde el inicio de su gobierno debió pedir y asumir facultades extraordinarias para detener esta gravísima amenaza, necesitamos revisar y cambiar las leyes para que el enemigo sea un objetivo militar bajo jurisdicción militar, debemos dar a las Fuerzas Armadas y a la Policía las herramientas para continuar el excelente trabajo que ya hacen, no tenemos alternativa, el entregar al enemigo a la justicia ordinaria es dejarlo en libertad gracias a las garantías jurisdiccionales de la Constitución, y en la práctica es entregar el país a la delincuencia internacional. (O)
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Juan Orús Guerra, arquitecto, Guayaquil