La crisis carcelaria del Ecuador dejó de ser un asunto administrativo para convertirse en una tragedia humana que interpela a la democracia. Hoy, hablar de rehabilitación social suena a utopía. Las muertes dentro de los centros penitenciarios, sea por masacres entre organizaciones delictivas, dominio territorial de bandas, enfermedades como la tuberculosis o falta de alimentación, revelan un Estado que ha perdido el control.
Quien ingresa a una cárcel, sea cual sea su caso, arriesga su vida en un sistema donde la violencia supera a las instituciones: ni el SNAI, ni los guías penitenciarios, ni las Fuerzas Armadas ni la Policía Nacional logran garantizar seguridad mínima. La responsabilidad del Estado es constitucionalmente indelegable. El artículo 51 de la Constitución reconoce a las personas privadas de libertad derechos irrenunciables, como integridad personal, salud, vida digna y protección especial. Su incumplimiento constituye violación grave al bloque de constitucionalidad.
En el plano internacional, el artículo 5 del Pacto de San José exige que toda persona privada de libertad sea tratada con respeto a su dignidad humana. La Corte Interamericana de Derechos Humanos, en casos emblemáticos como Montero Aranguren vs. Venezuela y Neira Alegría vs. Perú, ha sostenido que el Estado es responsable por la vida de quienes están bajo su custodia, aun si los hechos derivan de violencia entre terceros.
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A nivel nacional, la Corte Constitucional, en varias sentencias, declaró un “estado de cosas inconstitucionales” en el sistema penitenciario, ordenando medidas urgentes y estructurales. La Corte Nacional de Justicia ha reiterado que es obligación del Estado garantizar condiciones de detención compatibles con la dignidad humana. En este contexto, acciones como la exhibición mediática de personas privadas de libertad en la cárcel de máxima seguridad de Santa Elena, no constituyen política de seguridad, sino, como señalan especialistas, una peligrosa apología de la dureza punitiva, incompatible con el deber estatal de protección.
Desde esta tribuna hacemos un llamado respetuoso a las autoridades competentes, a fin de evitar oportunamente acciones ante la CIDH, pues la omisión frente a esta crisis podría colocar al Ecuador ante nuevos procesos legales internacionales. (O)
Elio Roberto Ortega Icaza, mediador y abogado criminalista, El Coca
