El Gobierno desea aprovechar la mayoría legislativa con la que cuenta para llevar a cabo la aprobación de proyectos de leyes económicos urgentes, para así avanzar en la agenda que necesita para lograr los cambios y transformaciones profundas en áreas tan importantes. Uno de los dos proyectos de ley económico urgente recientemente presentados, plantea la redefinición de las reglas para la participación privada en dos campos tan importantes en dos sectores como son la energía y minería. En el primer, es decisorio atraer inversiones que garanticen la generación eléctrica para el país, para reducir la dependencia de Colombia, diversificar el portafolio de generación eléctrica en el país, reducir el déficit de generación cercano a los 900 megavatios, aperturando este sector a la inversión privada para responder así a la crisis estructural, sin que esto signifique dejar de lado al gobierno. En este sentido se plantearían escenarios bajo el cual se efectuará la delegación de los proyectos energéticos, siendo excepcional (aún) para así dar cumplimiento a lo dispuesto en la Constitución, pero brindando mejores condiciones y certezas a las empresas privadas, estatales y extranjeras o de la economía popular y solidaria sean partícipes a través de procesos públicos, dejando para el Estado la rectoría, planificación, regulación y control, y así no se dé una transferencia de la titularidad del servicio público, conforme a lo establecido en la Constitución, y que dio paso al fallo ambiguo de la Corte Constitucional semanas atrás. Esta propuesta plantea el esquema para financiar, construir, operar y mantener los proyectos de generación eléctrica nuevos que se generen hasta por 30 años; así también el Ministerio de Energía deberá fijar cada año un límite máximo de megavatios delegables respaldados con los estudios técnicos, económicos y jurídicos; de igual manera, el proyecto impulsa la autogeneración y busca incentivar a que más empresas privadas operen sus propias redes, generando local y remotamente su abastecimiento y dando la posibilidad de que sus excedentes, en el caso que se den, alimenten el sistema nacional de electrificación.
Otro aspecto importante de la propuesta es la minería, que en los últimos años ha alcanzado niveles importantes de exportaciones mineras, ubicándose entre los primeros productos de exportación no petroleras no tradicionales, generando desarrollo en las provincias donde se asienta, reflejada en una activa minería legal. Si entraran en vigencia todos los proyectos mineros en carpeta podríamos tener un boom igual o mayor al petrolero de hace casi 20 años. Esta reforma lograría reducir las barreras administrativas, sustituir la licencia ambiental por una autorización ambiental diferenciada por cada fase de los proyectos que se indiquen y así generar una mayor celeridad en las inversiones.
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Es importante reformas en esta materia para garantizar que realmente atraigamos más inversión extranjera en áreas vitales para la sostenibilidad económica del país. Seguramente la conciencia y el peso de la historia será determinante para saber qué proyectos de esta envergadura tienen que avanzar para dar bases sólidas y firmes al Ecuador que todos queremos. (O)
Jorge Calderón Salazar, analista económico, Guayaquil