En los últimos días hemos visto estupefactos cómo una inmensa ola delincuencial poderosa ha azotado más a todo el país y particularmente a Guayaquil.

Los asaltos, robos, asesinatos, se han vuelto parte de la vida diaria en las ciudades. Agravando la situación, el Ecuador se ha convertido en el ‘hogar’ de miles de migrantes, sobre todo latinoamericanos, quienes huyendo del descalabro económico de sus países, buscan mejor suerte en el nuestro. Sin embargo, muchos migrantes no son víctimas dado que tienen pasados delictivos; otros no alcanzan el ‘sueño ecuatoriano’, por lo tanto se vuelven presas del dinero fácil y de la vida delincuencial.

Recientemente se han tomado ciertas decisiones de parte del Gobierno de Ecuador, pero la intervención militar decretada para combatir la delincuencia y los crímenes tibiamente alcanza a establecer operativos en las zonas aledañas a los lugares críticos. Lamentablemente los exiguos esfuerzos no alcanzan y el estado actual de la inseguridad amerita de una acción más agresiva para asignar equipos, para realizar las estrategias, los operativos, legislar, etc.

Ante tal situación, las herramientas legales previstas en la Constitución de la República en el artículo 164 permiten al presidente de Ecuador decretar un estado de excepción por haber llegado a una situación interna de inseguridad que afecta a todos los ciudadanos. Con tal medida, la garantía de inviolabilidad de domicilio podría ser vulnerada y así los militares y policías podrían actuar in situ, no en la periferia del sector crítico, solo.

Aprovechemos el contingente policial y militar, vamos a controlar, pero esta vez no solo en la frontera sino en las calles.

La delincuencia es un mal que afecta a todos: al comerciante, al emprendedor, a las familias y al ciudadano común; con el apoyo de todos y las decisiones valientes de las autoridades es como superaremos este flagelo. (O)

Álvaro Eduardo Suárez Delgado, abogado, Guayaquil