En su obra maestra El príncipe, Nicolás Maquiavelo destaca la necesidad de acciones audaces para preservar la estabilidad estatal. Esto cobra relevancia en el contexto ecuatoriano actual, marcado por la violencia generada por los grupos de delincuencia organizada (GDO). El Decreto Ejecutivo 111 reconoce que existe un conflicto armado interno, planteando que los desafíos legales y políticos requieren decisiones resueltas.
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Desde un punto de vista jurídico, no todas las manifestaciones de violencia armada constituyen un conflicto armado interno. La caracterización de la lucha contra 22 GDO como un conflicto interno armado introduce incertidumbre en el marco jurídico aplicable, conectándose con la idea maquiavélica de que “el fin justifica los medios”.
La política puede interpretarse como una justificación pragmática de tácticas cuestionables en busca de un bien superior. El considerar a estos grupos como objetivos militares, otorga a las FF. AA. una habilitación constitucional, medida que, según Maquiavelo, podría ser necesaria para neutralizar amenazas. Él además aseguraba que la crueldad bien utilizada es más beneficiosa que la clemencia mal aplicada.
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Considerando la definición de “conflicto no internacional” contenida en el Protocolo Adicional II de los Convenios de Ginebra (vinculantes para Ecuador) y al examinar las experiencias estatales alrededor del mundo en la lucha contra el crimen organizado, surgen dudas acerca de la necesidad de declarar un conflicto interno armado y sus implicaciones legales. Este planteamiento se conecta con la reflexión maquiavélica sobre la utilidad de los medios para alcanzar un fin deseado.
En la esfera comunicacional, ¿es efectivo el uso de un lenguaje bélico para movilizar a la población?, ¿o será que estamos siendo manipulados por una narrativa que nos empuja a aceptar tácticas cuestionables? La necesidad de respuestas contundentes y pragmáticas se impone, la política parece justificar medidas más allá de las convenciones legales; una táctica que Maquiavelo podría haber considerado necesaria para la estabilidad del Gobierno.
¿Hasta dónde estamos dispuestos a tolerar la amenaza delincuencial? ¿Cuánto estamos dispuestos a sacrificar en nombre de la seguridad? Es esencial adoptar enfoques balanceados que aborden los desafíos desde perspectivas jurídicas y políticas, salvaguardando la seguridad de la población, pero también la preservación íntegra del Estado de derecho.
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En el libro El príncipe se explica que un líder debe adaptar sus acciones según las circunstancias. La acción enérgica, según Maquiavelo, implica la capacidad de tomar decisiones audaces, incluso despiadadas si es necesario para preservar la estabilidad del Estado.
Aunque las acciones de nuestras FF. AA. no son despiadadas, estas reflejan un compromiso con la seguridad y el orden público; este compromiso puede vincularse con la noción de audacia en momentos críticos. Gobiernos pasados carecieron de valentía para enfrentar a los grupos de delincuencia organizada. Maquiavelo advertía que “en los cambios de gobierno, quien domina debe cortar todos los males al principio”.
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Aunque se hayan señalado limitaciones, es crucial destacar la disposición para tomar medidas enérgicas para proteger a la población. Como ciudadanía, ¿estamos dispuestos a contribuir activamente al diálogo constructivo y a fortalecer la colaboración entre la sociedad civil y las autoridades?, o ¿preferimos ser espectadores pasivos de nuestro destino?
La historia nos enseña que, en momentos de crisis, la audacia puede ser moneda de cambio. Las decisiones gubernamentales exigen profunda reflexión. ¿Estamos dispuestos a aceptar que “la crueldad bien utilizada es más beneficiosa que la clemencia mal aplicada”? o ¿aspiramos a un equilibrio que dé seguridad sin sacrificar los principios fundamentales? ¿Hasta dónde llegamos por nuestra patria? Nuestras respuestas determinarán no solo el presente, sino también el futuro del país. (O)
René José Betancourt Cuadrado, abogado internacionalista, Quito
