Ecuador inicia el 2026 sumergido en una paradoja asfixiante. A pesar de la movilización de ocho mil militares hacia Guayas, Manabí y El Oro, y de la vigencia del Plan Fénix, la nación se mantiene en los puestos más oscuros del ranking mundial de criminalidad, ocupando lugares críticos en los índices de violencia global. La militarización, aunque visible en las calles, parece ser una respuesta táctica ante un problema que requiere inteligencia de cirujano.
La idoneidad del gabinete de Daniel Noboa está bajo un escrutinio sin precedentes. Con un Ministerio de Defensa liderado por perfiles de la seguridad privada y un Ministerio del Interior golpeado por fallos en la coordinación internacional –como la reciente liberación de alias Negro Willy en España–, surge la duda razonable: ¿conoce el Gobierno la profundidad estructural del monstruo que enfrenta? La ausencia de boletines del CIES que identifiquen los paraderos de los grandes cabecillas sugiere que el Estado está golpeando al brazo armado, pero permanece ciego ante el cerebro estratégico de las mafias.
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En el ámbito financiero, la situación no es más alentadora. Aunque la UAFE ha detectado movimientos inusuales por cientos de millones de dólares, el flujo de “dinero sucio” sigue aceitando la economía. La admisión de que el sistema depende de alertas bancarias que a menudo no llegan revela un Estado reactivo frente a un crimen organizado que ha convertido a Ecuador en la principal “superautopista” de la cocaína hacia Europa, con un flujo logístico que, según el propio Ejecutivo, alcanza cifras alarmantes del mercado global.
Ecuador no necesita solo botas en las calles, necesita una inteligencia estratégica que desarticule el lavado de activos y una voluntad política que no deje espacios para la duda sobre la integridad de sus líderes. Sin una hoja de ruta que trascienda el discurso de la fuerza, el país corre el riesgo de normalizar el caos. (O)
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Carlos Bustamante Salvador, abogado criminalista y mediador, Quito