En países como Ecuador, hablar de desarrollo sin hablar de territorio es simplemente hablar y quedarse en el discurso. La Constitución de 2008 representó un avance en cuanto al lanzamiento de un nuevo modelo de desarrollo basado en el buen vivir, la sostenibilidad y la equidad. Pero este modelo, por muy progresivo que parezca en el papel, requiere actores reales para que funcione. Y ahí es donde encajan los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD).
El artículo 283 de la Constitución y el artículo 54, letra h, del Código Orgánico de Organización Territorial (COOTAD) son explícitos: el desarrollo no es una imposición desde el centro, sino una construcción desde abajo. Más específicamente, dicho papel sustancial es para que los municipios promuevan el desarrollo económico local, enfocándose en la economía social y solidaria, en línea con otros niveles de gobierno y como parte de la coordinación con las diferentes cooperativas de ahorro y crédito de la economía popular y solidaria.
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Esto no se limita a obras y servicios públicos. Significa cambiar el viejo modelo económico y construir una nueva economía donde se respete la dignidad del trabajo. Y un actor central en este proceso son las cooperativas de ahorro y crédito, que la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria (SEPS) supervisa.
Las cooperativas no son simplemente constructos financieros. De hecho, son instrumentos de desarrollo económico comunitario. En áreas rurales y periurbanas, las cooperativas son frecuentemente el único punto de acceso a servicios financieros para decenas de miles de ciudadanos, pequeños productores, emprendedores y comerciantes. No simplemente prestan dinero: respaldan la independencia económica de las familias, fomentan el ahorro, financian negocios y reducen la pobreza.
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Más de un tercio del sistema financiero ecuatoriano lo constituyen entidades del sector popular y solidario, según los datos de la SEPS. Contrario al argumento del libre mercado, su ámbito territorial las convierte en aliados naturales de los gobiernos locales para fomentar una economía diversa, justa y sostenible. Así, la coordinación entre los GAD y las cooperativas, tal como establece el Cootad, no puede ser superficial ni secundaria. Debe ser estratégica.
Además, este modelo está en línea con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) que el país ha firmado, especialmente aquellos priorizados en la reducción de la pobreza (ODS 1), trabajo decente (ODS 8) y reducción de desigualdades (ODS 10). También está en el núcleo del plan nacional de desarrollo, que reconoce que la economía popular y solidaria es el actor principal en la construcción de un nuevo modelo productivo, inclusivo y territorialmente equilibrado.
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Entre lo que dicen y lo que hacen, hay una gran contradicción. La mayoría de los GAD no tiene una visión clara de cómo impulsarán la economía que quieren construir y muchas cooperativas están simplemente operando de forma aislada, sin alinearse con los planes de desarrollo local o las prioridades del gobierno seccional.
Si realmente queremos una alternativa al modelo centralista extractivista, si realmente queremos un desarrollo endógeno que sea redistributivo desde el punto de vista de las oportunidades y que establezca la soberanía económica en nuestros territorios, las cooperativas de ahorro y crédito ya no pueden ser consideradas solo “pequeñas entidades financieras”, debemos asumir su carácter de motores del desarrollo local.
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Y los municipios deben responder en consecuencia, asumiendo ese papel articulador con convicción y capacidad. Porque el desarrollo no se decreta desde un ministerio, sino que asciende desde abajo con la gente, las organizaciones comunitarias, los productores locales y las cooperativas que ya están en los lugares donde las grandes instituciones financieras difícilmente llegan. (O)
Jorge Ortiz Merchán, máster en economía y políticas públicas, Durán