Si bien el Gobierno nacional pretende reducir el abultado e ineficiente número de empleados públicos que, en ocasiones, vienen a entorpecer los trámites a nivel burocrático, sin contar con el despilfarro económico de los recursos públicos que esto representa, resulta importante analizar ciertos aspectos que derivan de esta decisión para someterlos a un juicio y ver su lado positivo y negativo. Personalmente, y a decir de muchos compatriotas, esta medida resulta dolorosa para los perjudicados, pero debemos entender que de todos modos ellos, por corto o largo tiempo, ya gozaron de estos beneficios; mientras, por el contrario, existen muchos profesionales preparados incluso de cuarto nivel con excelentes currículos, que han permanecido y permanecen en la desocupación y que, como ecuatorianos, también merecen gozar de estos beneficios; desde luego, no sin antes revisar minuciosamente sus antecedentes, títulos y merecimientos, dejando de lado su edad cronológica, pues por falta de vacantes han permanecido mucho tiempo en la desocupación y el abandono.
Tras todo lo mencionado, nos preguntamos: ¿por qué el ministerio correspondiente no abre una carpeta de inscripciones para que los adultos y jóvenes que, pese a su excelente currículum, por falta de palancas, “padrinazgos” y conexiones, no han podido trabajar por largo tiempo, en los miles de empleos públicos, puedan acceder a ocupar esas vacantes? Claro que no en un 100 % porque, según el Gobierno, de lo que se trata es de reducir considerablemente el tamaño del Estado.
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¿Qué fue primero el huevo o la gallina?
Ojalá y las personas involucradas en este asunto puedan analizar este clamoroso pedido para que, al menos en esta ocasión, la justicia se haga presente y sea un poco más equitativa, justa y empática con los ecuatorianos honestos y trabajadores que tanto lo necesitan. (O)
Fabiola Carrera Alemán, Quito