El 17 de diciembre de 1981 fue secuestrado, en Guayaquil, el conocido empresario Ernesto Jouvín Vernaza, mientras salía del ascensor del tercer piso para retirar su vehículo particular del edificio de parqueos del antiguo Filanbanco, en la calles Pedro Carbo y 9 de Octubre, para dirigirse a su domicilio. Allí fue abordado violentamente por varios integrantes de una banda delictiva internacional que lo ingresaron a un auto Datsun amenazándolo con armas de grueso calibre, uno de ellos tenía el acento chileno y otro tenía una lesión en la pierna izquierda que cojeaba al caminar. Según los mismos secuestradores, el hecho delictivo lo habían planificado seis meses antes. Otro extranjero, se asegura, era europeo, llegado al Puerto Principal para trabajar como chef en un prestigioso hotel. También participó una mujer joven y agraciada, con claro acento colombiano.
Después de cerca de seis meses de su obligado cautiverio, el 12 de mayo de 1982, Ernesto Jouvín Vernaza recobró su libertad, previo el pago de un millonario rescate. En ese entonces tenía 40 años de edad, estaba casado y con tres hijos. Había superado el terrible episodio psico-emocional de su secuestro, en un minúsculo espacio físico de madera, herméticamente cerrado, con ventilación interna para el ocupante, de 2 por 3 metros, sin permitírsele ver la luz solar, solo leyendo libros de famosos escritores.
En el año 2021, después de 40 años de su odisea terrorífica, terminó de escribir la historia personal de su infortunio, y en el mes de mayo del 2022 publicó el libro titulado 17D. Crónica de un secuestro, bajo el patrocinio de la UEES.
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Hoy, que los secuestros se han constituido en el pan de cada día, pidiéndose pequeñas, medianas y grandes sumas de dinero a familiares para la libertad de las víctimas, es importante recopilar todo lo que constituye un medio de presión por parte de las organizaciones delictivas –nacionales y extranjeras– que no reparan en victimar a los secuestrados si no satisfacen sus petitorios criminales.
Asimismo, es oportuno no solo demandar más seguridad para las familias por parte de las fuerzas de seguridad del Estado, que es una obligación constitucional, sino de alertar a la ciudadanía para unirse a las campañas de prevención por parte de organismos policiales y militares, así como de los derechos humanos, con el fin de neutralizar y erradicar uno de los mayores flagelos que inciden negativamente en la colectividad y paz ciudadanas, así como ocurre hoy con los atentados terroristas con explosivos. (O)
Francisco Medina Manrique, periodista, Guayaquil
