Ecuador atraviesa hoy una de las crisis más profundas de su historia reciente, no solo en el ámbito de la seguridad, sino en el terreno más delicado de todos: el moral y el ético. La violencia, el narcotráfico y el crimen organizado no se han limitado a tomar calles y territorios; han logrado algo aún más peligroso: normalizar la corrupción, el dinero fácil y la ostentación obscena como símbolos de “éxito”.
En este contexto aparecen figuras que la sociedad ya identifica con un nombre que debería avergonzarnos: las llamadas “muñecas de la mafia”. Mujeres jóvenes, y también hombres, provenientes de distintos estratos sociales, que –supuestamente– se prestan conscientemente para lavar dinero del narcotráfico, servir de fachada financiera, exhibir fortunas ilícitas y proyectar una imagen de glamour construida sobre sangre, muerte y destrucción social. No se trata de una cuestión de género, sino de responsabilidad moral: nadie puede alegar inocencia cuando acepta ser parte de una maquinaria criminal que destruye al país.
Lo más alarmante es que este fenómeno no se limita a un sector social específico. La degradación ética ha permeado todas las capas de la sociedad. Hay quienes, desde la pobreza, ven en el narcotráfico una “oportunidad”; y hay quienes, desde la abundancia, lo ven como un negocio rentable o un atajo para sostener estilos de vida de lujo. En ambos casos, el resultado es el mismo: la legitimación de un sistema criminal que corroe los cimientos del Estado y de la convivencia social.
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Mientras tanto, la ostentación de superlujos se exhibe sin pudor: vehículos de alta gama, joyas, mansiones, fiestas extravagantes, viajes constantes y movimientos financieros imposibles de justificar con actividades lícitas. Todo ello ocurre a la vista y paciencia de las autoridades de control. La pregunta es inevitable y dolorosa: ¿dónde está el Estado?, ¿dónde están las unidades de inteligencia financiera o la Fiscalía, la Policía especializada, la Contraloría y las superintendencias? ¿Cómo es posible que fortunas tan evidentes y tan desproporcionadas no enciendan de inmediato todas las alarmas institucionales?
La inacción –o peor aún, la complicidad– de las autoridades es un mensaje devastador para la ciudadanía honesta: en Ecuador parece más rentable delinquir que trabajar, más efectivo corromper que esforzarse, más visible el criminal que el ciudadano honrado. Cuando el crimen ostenta su riqueza sin consecuencias, el Estado pierde autoridad moral y la ley se convierte en una simple formalidad.
No estamos ante un problema anecdótico ni de “farándula criminal”. Estamos frente a un síntoma claro de la descomposición social. Cada persona que se presta para lavar dinero, para servir de fachada, para normalizar el lujo criminal, está contribuyendo directamente a que haya más asesinatos, más extorsiones, más reclutamiento de jóvenes por bandas, más miedo en las calles y más familias destruidas.
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Pero la mayor responsabilidad recae en el poder público. No basta con discursos, estados de excepción o anuncios grandilocuentes. Se requiere una política real y sostenida de control patrimonial, investigación financiera, decomiso de bienes, extinción de dominio y sanción ejemplar. Se necesita que quien exhiba riqueza ilícita no sea admirado, sino investigado; no sea envidiado, sino procesado; no sea un “influencer”, sino un imputado.
La lucha no es solo contra bandas armadas, la lucha también debe ser contra la normalización del crimen como modelo de vida. Y esa batalla se pierde cuando la ética se rinde, cuando el dinero ilegal se vuelve aspiración y cuando el Estado mira hacia otro lado.
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Recuperar el país implica algo más que policías y militares en las calles, implica reconstruir una cultura donde el trabajo honesto valga más que el lujo criminal, donde la dignidad pese más que la ostentación, y donde la justicia sea una realidad visible, no un discurso vacío. Sin ese despertar moral, ninguna estrategia de seguridad será suficiente. (O)
Pedro Javier Triviño Rodríguez, biólogo, Barcelona, España
