Partiendo de un análisis generoso, en la gran aventura política por cargos públicos, hombres ambiciosos por servir al país, sea desde el Gobierno nacional, prefecturas y alcaldías, hay testimonio de que en el pasado, igual que en el presente, atentan contra la democracia y el derecho. Solo basta revisar artículos y leyes para saber que Ecuador es un Estado constitucional, democrático, soberano, unitario e indisoluble.
Mientras el ordenamiento jurídico-constitucional señala competencias exclusivas a los municipios de las 24 provincias del país en áreas como agua potable, alcantarillado, depuración de aguas residuales, manejo de desechos sólidos, construcciones, entre otras. Guayaquil, en las últimas décadas, ha tenido de rostro del poder político a un alcalde que ha privilegiado la obra municipal formal, no necesaria, del nivel del suelo para arriba. Ha cedido algunas competencias a fundaciones y concesiones, que revisando cifras, por gestión, cobran en planillas, dinero público; asentando millones de dólares en cuentas privadas. Además, este personaje pretendió crear otro estado dentro del Estado, lo que no fortalece al Estado unitario.
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Esta distracción de dineros en la administración de la obra pública municipal debe afectar la planificación macro del área urbana y el desarrollo de sus competencias; así, hay afectación al suelo, ríos y esteros al verter sin tratamiento aguas industriales y residuales por falta de plantas de tratamiento, causando una contaminación ambiental. El derecho constitucional es ley suprema. Se debe ejercer derecho de repetición por acciones de quienes causan daño. (O)
Rafael Antonio Sampedro Coba, arquitecto, Guayaquil