La transformación forzosa de cooperativas y el debilitamiento de la participación violan el modelo económico y democrático consagrado en la Constitución del Ecuador.
En Ecuador, los derechos a la resistencia y a la participación en decisiones de política pública no son figuras retóricas ni aspiraciones abstractas, son garantías constitucionales reconocidas explícitamente en el artículo 61 de la Carta Magna. El primero protege a los ciudadanos frente a actos u omisiones del poder público que violen derechos constitucionales; el segundo les otorga el derecho de intervenir activamente en las decisiones que afectan su vida, su entorno y su futuro. Sin embargo, ambos principios se ven hoy desafiados por políticas que contradicen abiertamente el modelo económico definido por la propia Constitución. Una de ellas es la reciente disposición que pretende identificar y transformar cooperativas de ahorro y crédito en sociedades anónimas, obligándolas a incorporarse al sistema financiero privado bajo supervisión bancaria.
Carta al presidente Daniel Noboa y a la Asamblea Nacional
Esta medida no solo contradice los artículos 283 y 319 de la Constitución, que reconocen la coexistencia de múltiples formas de propiedad y el papel central del sector popular y solidario en la economía nacional. También pone en entredicho los avances logrados en materia de inclusión financiera, desarrollo territorial y democratización económica, pilares del Estado ecuatoriano en el siglo XXI.
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Las cooperativas no son apéndices del sistema bancario tradicional. Son estructuras comunitarias, creadas desde la confianza colectiva y la reciprocidad local. Pretender que adopten la lógica corporativa del capital privado no es una modernización necesaria, sino una desnaturalización injustificada. Aún más grave es que esta medida se intente imponer sin consulta previa, sin deliberación ciudadana y sin respetar los mecanismos de participación establecidos por la ley y la Constitución.
Abandono de Las Acacias en Guayaquil
En este escenario, el derecho a la resistencia deja de ser una cláusula simbólica y se convierte en una herramienta viva de defensa ciudadana. No puede criminalizarse a quienes alzan su voz contra decisiones que alteran el tejido económico y social construido por generaciones. La protesta pacífica, el reclamo colectivo y la exigencia de diálogo no son actos subversivos, sino expresiones legítimas del poder ciudadano.
Del mismo modo, la participación no puede seguir reducida a formalidades sin incidencia real. El país cuenta con una Ley Orgánica de Participación Ciudadana, el Cootad y normas complementarias que garantizan el acceso de la ciudadanía a los procesos de planificación, fiscalización y deliberación pública. Ignorar estas instancias o convertirlas en ejercicios vacíos es debilitar la democracia desde dentro.
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Ecuador: alarmante inseguridad
Por ello, esta carta hace un llamado claro y urgente a las instituciones del Estado. A la Asamblea Nacional, para que fiscalice con seriedad las implicaciones de esta medida. A la Corte Constitucional, para que vele por el cumplimiento del modelo económico y de derechos que rige al país. Y a la ciudadanía organizada, para que ejerza sus derechos de manera informada, firme y pacífica.
Porque defender a las cooperativas no es solo proteger una figura jurídica, es defender una forma de vida, una visión de economía con rostro humano y participación real. Y porque resistir ante lo injusto y participar en lo público no es un privilegio, sino una obligación ciudadana, garantizada por la Constitución y fortalecida por la convicción democrática de un pueblo que no se resigna. (O)
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Jorge Ortiz Merchán, máster en Economía y Políticas Públicas, Durán
