Una vez más se ha recurrido a un juez multicompetente para, bordeando los límites de lo permitido, obtener el traslado de un reo hacia otra cárcel. En ocasiones se logra el cometido sin atraer la atención mediática, pero nuevamente estamos ante un caso escandaloso. Se trata del cabecilla de una banda criminal que ha sido señalado como el responsable de las masacres ocurridas este año en las cárceles de Turi y Santo Domingo, en las que 66 reos fueron asesinados, y que por su peligrosidad debe permanecer en la cárcel de alta seguridad La Roca, de Guayaquil. Por disposición del juez, la reubicación del reo debe ejecutarse de manera “inmediata”.
De los operadores de justicia se espera que obren en favor del bienestar común; sin embargo, el Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Privadas de la Libertad (SNAI) alertó que un juez de la Unidad Multicompetente con sede en el cantón La Concordia aceptó una medida cautelar en favor del jefe de la banda criminal R7. El SNAI buscará revertir la decisión judicial interponiendo un recurso de revocatoria por considerar que en este caso se ha incurrido en vulneraciones a la tutela judicial efectiva, debido proceso e inobservancia de la potestad estatal.
El estado de excepción en Guayas y Esmeraldas durará 45 días
El rol de la administración de justicia es gravitante para mantener el equilibrio social, pues es descabellado suponer que la delincuencia se extinguirá por sí sola o que cada ciudadano deba autodefenderse de las amenazas antisociales.
El trabajo que realizan la Policía, la Fiscalía e incluso otros jueces se puede ver burlado o menoscabado al ser acogida una medida cautelar que va a favorecer al solicitante en detrimento de los derechos de otros, de muchos otros. Eso no es administrar justicia, sino todo lo contrario. Se da por descontado que un juez posee la dimensión humana, la capacidad y la preparación para juzgar con conocimiento y sabiduría. Pero cuando ello no ocurre –que para desgracia de nuestro sistema de justicia sucede con frecuencia sospechosa– se vuelve necesario que se actúe al respecto desde la instancia pertinente. (O)