Las relaciones entre los empresarios y los trabajadores han evolucionado a través de la historia y han tenido y tienen mucha importancia en los procesos productivos y en la concepción de la economía y la sociedad.
Un momento determinante fue la revolución industrial que planteó nuevos problemas y exigencias que se tornaron conflictivos y que volvieron relevante el papel del Estado, para asumir la tarea de propiciar un marco legal adecuado y el control de su aplicación para resolver los problemas, generalmente relacionados con asuntos prácticos, tales como salarios, horarios, prestaciones sociales, ambiente laboral pero que, en realidad, tienen que ver con la concepción misma del trabajo.
Carlos Marx –con la publicación de su obra El Capital, en 1867 y su teoría del valor-trabajo– y el papa León XIII –con su Encíclica Rerum Novarum en 1891, con su planteamiento de que el trabajo no es una mercancía y no solo una fuerza necesaria para la producción, sino que tiene el valor subjetivo de ser realizado por un ser humano, con todos los atributos de su dignidad– desde distintas vertientes aportaron mucho en la evolución de los conceptos básicos en los que se desenvuelve la relación entre los empresarios y los trabajadores.
El Ecuador no ha sido ajeno al desarrollo de una política laboral que, en algunos momentos, como el 15 de noviembre de 1922, dejó resultados trágicos, pero también algunos aprendizajes. A partir de la Revolución Juliana, en 1925, se trabajó en el país en la expedición de algunas leyes para regular las relaciones de trabajo y en 1938 se expidió el primer Código Laboral.
Desde entonces se ha avanzado mucho en la búsqueda de un equilibrio que permita cierta armonía en la indispensable relación entre el Estado, la empresa y los trabajadores, sin embargo, subsisten algunos puntos conflictivos.
En estos días ha sido gratificante la aparición en los medios de comunicación de un remitido inusualmente suscrito conjuntamente por ocho organizaciones empresariales y ocho organizaciones de trabajadores que, como señalan, unen “esfuerzos en la lucha contra la corrupción y la defensa de la reinstitucionalización del país”, se referían a la tarea encomendada al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, transitorio, y a su preocupación por lo que llaman “estrategia para intentar limitar las responsabilidades que surgen del mandato popular”, frente a la cual expresan de manera conjunta una posición: “Alentamos al CPCCS-Transitorio a continuar con su labor en la lucha contra la corrupción, caiga quien caiga. Su empeño cívico y patriótico cuenta con el respaldo mayoritario del pueblo ecuatoriano para combatir aquellos intereses sombríos que hoy pretenden paralizar un proceso legítimo”.
Cualquiera que sea la opinión que tengamos del contenido del comunicado, lo que no se puede negar es que se refiere a algo de enorme importancia para la salud moral, cívica, política y económica del país y que es positivo que gremios que muchas veces se han mostrado antagónicos, sean capaces de mostrarles a los ecuatorianos que cuando se trata del interés prioritario de la nación, aun conservando posiciones adversas en lo particular, no hay que temer mostrar y actuar en coincidencia. Creo que es una señal positiva en la convivencia social que debemos valorar y hasta agradecer. (O)
