Seis personas más fueron vinculadas por la Fiscalía al denominado caso Jaque, que investiga un presunto delito de delincuencia organizada en la Agencia Nacional de Tránsito (ANT).
El juez que conoció la causa dispuso prisión preventiva para Gonzalo F., Dany Z., Erika C., Diana A. y Segundo L., los nuevos vinculados a este caso.
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Además, ordenó presentaciones periódicas y prohibición de salida del país para Grace R.
Origen y detalles del presunto delito
Hasta el momento, 16 personas forman parte del proceso, cuya investigación se inició en julio de 2025, luego de una denuncia recibida a través del 1800-Delito.
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En esa denuncia se informó que un grupo de personas —la mayoría, funcionarios de la ANT— estaría cobrando, según la información obtenida en el proceso, entre 150 y 250 dólares por trámite para entregar matrículas, licencias o permisos de operación sin necesidad de obtener turnos.
Con esa información se realizaron seguimientos y vigilancias, a través de las cuales se obtuvo información que daría cuenta de la comisión del delito por parte de las personas ahora procesadas.
Detenciones y pruebas incautadas
Con ese antecedente, la madrugada del 30 de enero de 2026 se ejecutó un operativo simultáneo en las provincias de Pichincha, Tungurahua y Santo Domingo de los Tsáchilas, en el que se detuvo a diez personas, a quienes se les formularon cargos.
En los 23 allanamientos ejecutados se incautaron documentos, dispositivos electrónicos, cientos de licencias, teléfonos celulares, dispositivos de almacenamiento y dinero en efectivo, que fueron presentados como parte de los elementos de convicción en la audiencia.
En la diligencia también se expusieron los partes policiales de las detenciones; las versiones de los agentes que participaron en el operativo y de las personas procesadas; y los respectivos informes de inspección ocular técnica y levantamiento de evidencias, las cuales se encuentran bajo cadena de custodia y están siendo periciadas para obtener más elementos relacionados con la investigación.
Marco legal y sanciones
Este caso se investiga con base en el artículo 369 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), que sanciona el delito de delincuencia organizada con pena privativa de libertad de 22 a 26 años.
La instrucción fiscal se extenderá por treinta días más.