Al menos cinco explosiones se escucharon de manera continua en diferentes puntos de Machala, incluyendo la parroquia Puerto Bolívar, donde además se reportaron detonaciones de arma de fuego.
Minutos después, autoridades confirmaron que en dos de estos lugares fueron hallados panfletos con amenazas directas contra cinco jueces de la provincia. Esto motivó el refuerzo inmediato de su seguridad.
Los papeles, abandonados por sujetos que se movilizaban en motocicletas, advertían represalias en caso de que los jueces dispusieran prisión preventiva para miembros de una organización criminal dentro del Centro de Privación de Libertad No. 1 de El Oro.
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El mensaje señalaba: “Todo juez que a nuestra organización le dé medidas de prisión preventiva en la cárcel de Machala recibirá consecuencias”, e incluso mencionaba al director del centro como parte del conflicto entre bandas.
Fuentes policiales, bajo reserva, indicaron que los panfletos podrían estar relacionados con el grupo delincuencial ‘Los Lobos’ o ‘Lobos Espejo’, cuyos integrantes fueron trasladados recientemente a otras cárceles del país después de los episodios de muerte registrados en el CPL de Machala.
Las amenazas serían, según los investigadores, una respuesta al reordenamiento penitenciario y una presión directa para influir en decisiones judiciales.
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El patrón de los ataques y la respuesta oficial
Durante la noche del miércoles 10 de diciembre, los atacantes habrían repetido un mismo patrón: llegar en motos, lanzar explosivos, dejar los panfletos y retirarse rápidamente. El objetivo —explicaron agentes de inteligencia— sería generar intimidación entre operadores de justicia y sentar una advertencia pública.
El Consejo de la Judicatura de El Oro confirmó los hechos mediante un comunicado y calificó la situación como un acto de gravedad que atenta contra la independencia judicial. Cristian Andrade Barbotó, director provincial, activó los protocolos de seguridad para jueces y personal administrativo.
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Tras la alerta, se coordinó un operativo interinstitucional con el gobernador de El Oro, Jimmy Blacio Ochoa; la Policía Nacional; Fuerzas Armadas; y autoridades de la Corte Provincial. Como resultado, se reforzaron los puntos de vigilancia y la custodia en las zonas donde residen los funcionarios amenazados.
La Judicatura rechazó los actos intimidatorios y reiteró que ninguna presión externa interferirá en el ejercicio de la administración de justicia. Además, aseguran que la atención a la ciudadanía en todas las dependencias de la provincia continúa con normalidad.
Investigación en curso para identificar responsables
Mientras avanza la investigación, investigadores revisan cámaras y levantan indicios en los puntos donde se escucharon las explosiones, con el objetivo de identificar a los responsables.
