Hasta 15 años de cárcel recibieron 18 activistas y críticos con el régimen, en medio de una avalancha de control que lleva el Gobierno y que incluye apoderarse y crear nuevos centros de educación superior.

La exministra Dora María Téllez y el líder estudiantil de 24 años Lesther Alemán, quien fue enviado a prisión después de pedir públicamente a Daniel Ortega que renunciara, constan entre los condenados, recuerda BBC.

Además, la semana pasada el Estado tomó posesión de seis universidades privadas que fueron ilegalizadas por presuntos incumplimientos y que luego pasaron a manos estatales a petición del Gobierno.

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La nacionalización de esas seis universidades tras la cancelación de la personalidad jurídica a catorce centros de estudios superiores, algo que afecta a más de 14.000 estudiantes, ha sido objeto de críticas desde el sector estudiantil, académico y de expertos en leyes por los argumentos, procedimiento y los resultados.

La Coordinadora Universitaria por la Democracia y la Justicia dijo que lo que se busca es el “control político” de las universidades, y advirtió de “graves consecuencias” para la calidad de la educación.

Especialistas en leyes, como la abogada María Asunción Moreno, han señalado a EFE que la Constitución de Nicaragua defiende la autonomía de las universidades, cuyas propiedades “no pueden ser objeto de intervención ni expropiación”.

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El rector de la extinta UFP, Adrián Meza, afirmó, desde el exilio, que antes de que su universidad fuera cancelada el Ministerio de Gobernación se negó a recibir sus estados financieros en varias ocasiones.

Todo se debe a que las universidades jugaron un papel relevante en las manifestaciones antigubernamentales de 2018, ya que sus estudiantes lideraron las protestas que se hicieron masivas en toda Nicaragua y que fueron reducidas con ataques armados que, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, provocaron al menos 355 muertos. Ortega ha admitido 200.

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Elthon Rivera, de 27 años, es un exdirigente estudiantil que ha vivido en carne propia el impedimento de graduarse en dos ocasiones por retaliaciones políticas y ahora está exiliado.

Él recuerda cómo la participación de los estudiantes universitarios puso en aprietos en 2018 al Gobierno, y desde ese momento pasaron a ser la población a la que el régimen más dirigía sus ataques.

“En agosto de 2018 hubo expulsiones contra los estudiantes universitarios que habían alzado su voz... Actualmente la Comisión Interamericana de Derechos Humanos nos cuenta 150 estudiantes expulsados exclusivamente por factores políticos”, comenta Rivera, quien cuenta a este Diario que es la segunda vez que él y otros 50 estudiantes ven truncadas sus aspiraciones estudiantiles.

Él primero fue expulsado de la universidad pública casi terminando la carrera de Medicina, en 2018, cuando atendía a personas heridas en las protestas; y hace una semana salió de su país por las acciones en contra de las universidades privadas, pues en una de ellas estaba a punto de terminar la carrera de Ciencias Políticas y trabajaba en un programa de becas para ayudar a los expulsados en 2018.

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“(Lo que pasa ahora) no es más que una embestida más por querer controlar todos los espacios donde se agrupa la juventud, donde se desarrolla el pensamiento crítico; y, como toda dictadura, está el tema de controlar la educación para convertirla en un sistema que, lejos de ser de formación, es de adoctrinamiento partidario”, afirma Rivera, agregando que con esto se logra acabar con la autonomía universitaria.

Analistas prevén que como consecuencia de las medidas haya una gran deserción; además que la población joven podría elegir migrar antes que se complique más un ambiente que recuerda la época de guerra interna del país. (I)