Para el 12 de febrero próximo, desde las 09:30, el juez Máximo Ortega convocó a la audiencia en la que la Fiscalía dará a conocer los elementos encontrados para vincular a siete personas a la instrucción fiscal por el delito de peculado que habría ocurrido en el proceso de compra de pruebas PCR para el diagnóstico de COVID-19 por parte de la Secretaría de Salud del Municipio de Quito.