Meses atrás llegó una orden judicial a este Diario para entregar información de el o los periodistas que habían escrito un par de notas sobre los casos de corrupción en la pandemia.

La orden era entregar nombres completos, dirección, teléfono y correo de los reporteros que escribieron dos notas cuestionadas por los abogados de una familia señalada.

Si bien aquello está establecido en la ley, pero esto se ha repetido con más frecuencia en algunos medios desde que empezó la pandemia, cuando las coberturas de allanamientos y diligencias por corrupción en hospitales se incrementaron.

Por ahora, Dayanna Monroy, una de las periodistas de investigación que reveló más datos, tiene una demanda y cuenta con resguardo policial por amenazas. Ella dijo a este Diario no sentir temor y que seguía trabajando de forma normal; sin embargo, la última semana este es un tema que sí ha preocupado a varios colegas.

Luis Alfredo Zúñiga, periodista de Teleamazonas, dijo que más que temor considera lamentable que en el país se permita que haya fuerzas que intenten amedrentar, callar o evitar que se informe a la ciudadanía. El comunicador sí considera que los reporteros de televisión están más expuestos que quienes cubren estas noticias para otras plataformas.

La semana pasada la Fiscalía pidió un análisis a la Policía del peligro que corren los periodistas al ejercer su profesión. Esto fue un día después de que Abdalá Bucaram hiciera una transmisión en vivo citando a varios comunicadores.

La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) consideró que la denuncia presentada por Bucaram contra Monroy es “un acto de intimidación que socava la libertad de prensa”. La entidad solicitó al Ecuador medidas de protección. (I)