En los últimos días varias empresas británicas que exportan a la Unión Europea (UE) productos fabricados en el extranjero denuncian que han tenido que pagar aranceles a pesar del acuerdo comercial posbrexit, con las consiguientes consecuencias para los consumidores y el comercio con Irlanda.

Esta sorpresa con la que no contaban ilustra los percances que acarrea el Brexit, que se vuelven cada vez más patentes días después del final del periodo de transición, que concluyó el 1 de enero.

El pago se debe a una disposición comercial, la “norma de origen”, cuyo impacto aún es difícil de evaluar, pero que ya se está convirtiendo en un rompecabezas.

En virtud de esta norma, un bien está sometido a un arancel si ha llegado desde el extranjero a territorio británico y desde allí se envía a la UE.

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Una marca de ropa que importa prendas fabricadas en China al Reino Unido deberá pagar un impuesto si la reexporta hacia un país que es miembro del mercado único y de la unión aduanera.

“Muchas empresas británicas que exportan a la UE estarán sujetas a aranceles”, dice Michelle Dale del gabinete británico de expertos contables UHY Hacker Young y añade que esto ha sorprendido a las empresas y que se arriesgan a perder competitividad.

El tratado de libre comercio negociado entre Londres y Bruselas prevé la ausencia de aranceles para los productos fabricados al menos en el 50 % en el Reino Unido, lo que representa la mayor parte del comercio.

A menudo, la norma de origen plantea pocos problemas en los acuerdos comerciales, pero la UE representa la mitad del comercio del Reino Unido.

Irlanda se ve muy expuesta porque muchas empresas británicas están asentadas en la isla. La cadena de grandes almacenes Debenhams, que se declaró en quiebra y no puede permitirse estos aranceles, ha decidido cerrar su página web en Irlanda, debido a las “incertidumbres sobre las reglas comerciales posbrexit”.

Al menos 50 de nuestros miembros se enfrentan a posibles aranceles”, reconoce la asociación de comerciantes británicos BRC (British Retail Consortium).

“Estamos examinando junto con nuestros miembros soluciones a corto plazo y queremos discutir con el Gobierno y la UE otras a largo plazo para atenuar los efectos”, explica William Bain de BRC.

Las empresas, independientemente del sector, se ven obligadas a improvisar y podrían acabar con más costos o no tener más remedio que reforzar sus operaciones en la UE en detrimento de Reino Unido. (I)