La mañana del pasado 27 de abril, en medio de la pandemia, una niña de 8 años acudió a la casa de su tío materno, pues requería conectarse a internet para continuar con sus clases.

Mientras ella estaba dentro, el adulto la llevó a una de las habitaciones e intentó violarla. Como pudo, la niña huyó para contar lo que le pasó a su padrastro y a su abuela materna, quien mantiene su custodia hasta la actualidad.

Este hecho, que ocurrió en la parroquia del Valle, en Azuay, se repite en diferentes formas, pero de manera constante en todo el país. La mayoría de veces los niños no pueden huir y son violentados.

Solo desde junio se han emitido 80 sentencias por agresiones sexuales dentro de los núcleos familiares. De estas, 75 son por violaciones sexuales y 5 por abuso, según datos de la Fiscalía General del Ecuador.

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Las sobrevivientes fueron, en su mayoría, mujeres menores de edad (a partir de los 4 años); de las cuales dos tienen discapacidad. Además, se registran dos niños varones abusados y casos donde la violación ha trascendido generaciones de familias.

Para la psicóloga clínica Annabelle Arévalos, uno de los factores que permite que se perpetúe este tipo de violencia en las familias es que no existe educación sexual integral, ni en los hogares, ni en los colegios, porque se sigue considerando un tabú.

“Todavía se siguen utilizando los diminutivos a los nombres de los genitales de los niños y niñas. Existe un concepto distorsionado de la sexualidad y debido a eso también se dan algunos comportamientos irregulares”, indicó Arévalos.

En general, los agresores suelen ser los padrastros o los tíos de las víctimas, como sucedió en este último caso, con la niña de El Valle. Sin embargo, también son frecuentes los casos en donde participan padres biológicos, primos, abuelos y hermanos.

Cifras de la Unicef reflejan que, en Ecuador, el 65% de los casos de abuso sexual fueron cometidos por familiares y personas cercanas a las víctimas.

El desarrollo de estereotipos entre niños y niñas, y las relaciones de poder donde los adultos son los que deciden sobre los menores de edad, también contribuye a que estos comportamientos se normalicen en la sociedad, de acuerdo con Arévalos.

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No es posible determinar el perfil de un agresor sexual, pero un rasgo constante es la manipulación. En el caso de los niños, hacen pasar las situaciones de violencia como algo normal dentro de la relación con la víctima.

“En la familia se van acercando de a poco, primero con palabras, luego con imágenes, luego tocándolos y luego la penetración”, explicó.

En el 90% de las veces, el abuso sexual intrafamiliar carece de lesiones y/o marcas; lo que dificulta a los niños poder probar lo que cuentan.

Uno de cada cuatro víctimas nunca avisó por temor a represalias, vergüenza, impotencia o por miedo a las amenazas. Y de aquellas que avisaron, a una de tres nunca le creyeron.

El silencio con el que se ven obligados a lidiar puede contribuir a reprimir rabia, resentimiento, vergüenza y miedo; y poder hablar del tema se vuelve duro para los menores.

En el país, solo el 15% de casos de abuso sexual es denunciado, y el 5% sancionado. El tío de la niña de El Valle es parte de la cifra de los sentenciados, cuya pena además se incrementó por cometer el delito aprovechándose de una calamidad pública, como lo es la pandemia de COVID-19.

La última reforma al artículo 158 del Código Integral Penal (COIP) dispone las máximas penas previstas en los delitos contra la integridad reproductiva, en caso de que se atente contra niños, niñas, adolescentes, adultos mayores y mujeres del núcleo familiar.

La pena más alta por abuso sexual es de 5 años en prisión, tipificada en el art. 170 del COIP. Mientras tanto, por violación sexual es de 22 años, según el art. 171. Ambas pueden sumar agravantes.

Sentenciados en los últimos seis meses

A 22 años de prisión fue sentenciado Víctor Alfonso Ch. U. por encontrarlo como autor de la violación sexual de un niño de siete años, que además es su hijo. El menor dio a conocer la situación cuando escuchó una conversación entre su madre y la madrastra de ella, mientras comentaban de un caso de violación que vieron en las noticias, el 8 de mayo de 2019. Entonces el pequeño le contó la violación que sufrió por parte de su progenitor.

Este hecho sucedió en Pichincha, provincia en la cual en los seis últimos meses se han registrado más sentencias por delitos de esta índole.

De las 80 sentencias, Pichincha registra 12; le sigue Tungurahua con 9, Santa Elena con 8 y Orellana con 7.

En La Libertad, cantón de la provincia de Santa Elena, un hombre fue sentenciado a 29 años de cárcel por la violación de su sobrina, quien posee discapacidad intelectual, en reiteradas ocasiones.

De acuerdo con los datos de la Fiscalía General del Estado (FGE), producto de la agresión sexual, la sobreviviente quedó embarazada.

En el juicio del acusado, Jorge Armando B. H. se consideraron las agravantes establecidas en el artículo 48, numerales 4, 5 y 9 (si la víctima resulta embarazada, pertenece al núcleo familiar y que el procesado conocía a la víctima con anterioridad a la comisión de la infracción), circunstancias que aumentaron la pena impuesta hasta en un tercio.

En Orellana, Santos de Jesús A. S. fue recibió 9 años de prisión por abuso sexual de su nieta. La víctima, cansada de los abusos de su abuelo y preocupada porque a sus cuatro hermanas menores pudiera sucederles lo mismo, le contó a la pareja de su padre lo que su abuelo le hacía.

Según la Encuesta Nacional de Violencia de Género y la Agenda Nacional de las Mujeres e Igualdad de Género, del 2017, 1 de cada 10 mujeres han sufrido un abuso sexual antes de cumplir los 18 años. (I)