El proyecto de Ley de Extinción de Dominio pasó el segundo debate y solo resta que la Comisión de Participación Ciudadana de la Asamblea Nacional recoja las observaciones planteadas por los legisladores en el pleno para su aprobación.

La Ley en construcción tiene como objeto regular la extinción de dominio de los bienes de origen ilícito o injustificado o destino ilícito a favor del Estado, localizados en el Ecuador o en el extranjero. La extinción de dominio es de naturaleza jurisdiccional y de carácter real, se dirige contra bienes y no contra personas; además es imprescriptible, autónoma e independiente a cualquier otro juicio o proceso.

Las críticas al proyecto se centran en los conceptos que llevarán a determinar a la Fiscalía la ilicitud del bien, pues los legisladores advirtieron que no se puede actuar con base a presunciones como lo plantea el documento.

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El presidente de la Asamblea Nacional, César Litardo, al cerrar el segundo debate habló de que se recogerán todas las observaciones formuladas por los asambleístas antes de someter a votación del texto final.

. @AsambleaEcuador cierra el segundo debate de la #LeyExtincionDeDominio. El presidente de la legislatura @cesarlitardo anuncia que se recogerán todas las observaciones previo a la votación del texto final pic.twitter.com/PvlCvT3WGx vía @vicenteopi

De su parte, el presidente de la Comisión de Participación Ciudadana, Raúl Tello (IND), convocó para este viernes 11 de diciembre, a los legisladores miembros de la comisión, para discutir los textos que se incorporarán y corregirán antes que regrese al pleno para votación. Para ser aprobada la Ley se necesita al menos 70 votos.

El sector de la Revolución Ciudadana a través de los asambleístas, Marcela Aguiñaga y Franklin Samaniego, resaltaron que en el informe para segundo debate se haya corregido el despropósito de ordenar medidas cautelares en fase preprocesal con la posibilidad de la venta anticipada de bienes, así como otras definiciones; sin embargo, persisten reparos respecto a disposiciones que podrían ser herramientas eficaces para la venganza, persecución y la arbitrariedad.

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Aguiñaga dijo que preocupa la indeterminación que tiene el proyecto para poder entender cuando un bien tiene origen ilícito o injustificado, lo cual genera incertidumbre, porque a lo largo del proyecto se lee todo lo que podría ser objeto de un proceso de extinción de dominio, para quitar la propiedad a ese bien, cuya calificación de origen ilícito o injustificado parecería ser que está librado a la voluntad de la fiscalía.

Con efecto retroactivo

Esto se agrava más cuando se utiliza la conceptualización del principio de la retrospectividad, donde se dice que se puede aplicar prácticamente con efecto retroactivo cuando los efectos jurídicos no se hayan consolidado, advirtió.

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El asambleísta Héctor Muñoz (IND) también resaltó que se haya establecido un procedimiento de que no se podrá extinguir el dominio de bienes antes de que exista una sentencia ejecutoriada. Que se debe tener cuidado con el destino del fondo de extinción de dominio, lo cual podría caer en una inconstitucionalidad debido a preasignaciones. También expuso dudas sobre el alcance del principio de la retrospectividad.

Luis Pachala (CREO) indicó que el bloque respaldará el proyecto, pero que es importante aplicar al menos ocho observaciones para evitar un veto del Ejecutivo; pues el considerar la presunción de la existencia de un acto ilícito como un elemento de la extinción de dominio es innecesario y contrario a la seguridad jurídica; además debe quedar claro qué bienes serán objeto de extinción, para evitar subjetividades desde los operadores de justicia, anotó. Previo a la votación la comisión recogerá cambios.

El legislador César Rohon, coordinador del bloque PSC, manifestó que esta Ley que reclama el Ecuador debe ser bien hecha para evitar falsas interpretaciones y confusiones.

Dijo que comparte la preocupación de la asambleísta Aguiñaga, de que hay ámbitos de derecho civil y de derecho penal y que deben aclararse; por ejemplo citó el artículo 18 del proyecto referente al proceso de extinción que se da cuando los bienes no cumplen la adquisición de dominio conforme a la Ley lo cual es ámbito civil, pero en el mismo artículo habla de que la extinción procede por origen ilícito, lo cual es ámbito penal. Insistió que hay temas que están “muy enredados” que necesitan claridad.

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Encarnación Duchi (PK-BIN) consideró que el informe en debate tiene todas las garantías constitucionales una vez que se corrigieron algunas preocupaciones expresadas en primer debate. A diferencia del asambleísta Héctor Muñoz, quien resaltó que la Ley incluya como beneficiario del fondo de Extinción de Dominio producto de los recursos recuperados a un grupo de atención prioritaria como los niños, niñas y adolescentes.

Que sin duda la Ley de Extinción de Dominio será un instrumento legal que coadyuve a la lucha contra la corrupción, indicó. (I)