El presidente de la Asociación de Municipalidades del Ecuador (AME), Raúl Remigio Delgado, presentó la tarde de este lunes una acción constitucional de protección para suspender la ejecución de los acuerdos 049 y 072 planteados por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). La acción de protección va en contra del ministro de Economía, Mauricio Pozo, y el procurador general Iñigo Salvador.

Básicamente lo que buscan con la acción es frenar los ajustes en las asignaciones presupuestarias para el próximo año anunciadas por el MEF.

Según el dirigente, los dos acuerdos ministeriales perjudican a los 221 municipios del país. Aspiran a que a través de esta acción se pueda dar paso a que los municipios del Ecuador puedan tener los recursos necesarios para sacar adelante a las diferentes ciudades. Aclaró que esto no limita a que puedan movilizarse el día de mañana martes en Quito.

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"Tenemos confirmados varios alcaldes que se dirigirán al parque El Arbolito y de ahí daremos inicio a una marcha hacia Carondelet y aspiramos a que el presidente Lenín Moreno nos pueda recibir y que podamos sentarnos en una mesa juntos a construir un mejor futuro para los ecuatorianos. Nosotros nunca hemos declinado nuestra voluntad de poder sentarnos a dialogar por el bien de todos quienes dependen de nuestras acciones", señaló Delgado.

Según los planificado, los representantes de la AME se concentrarán en el parque El Arbolito, ubicado en el centro norte de Quito, y a las 10:00 de mañana martes iniciarán su marcha hacia el Palacio de Carondelet, en el Centro Histórico de la ciudad.

Delgado asegura que los dos acuerdo ministeriales van en contra de la sostenibilidad de los 221 municipalidades del Ecuador, pues con esos recortes presupuestarios ya no podrían las alcaldías brindar ni siquiera los servicios más básicos a la población. No desconocen la situación económica dura que vive el país, pero sostiene que una crisis no se puede resolver con otra crisis,

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Por sorteo la competencia de la acción de protección se radicó en la Unidad Judicial de Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia de Pichincha a cargo de la jueza Vanessa Serrano Chicaiza.

La AME también pretende que el Gobierno Central pague los recursos pendientes que adeuda a los Gobiernos Locales. (I)