Este 12 de noviembre termina el plazo para las diversas facilidades que se establecieron a través de la Junta de Política de Regulación Monetaria y Financiera y la Ley de Apoyo Humanitario en torno al manejo de las deudas en el sistema financiero. Estas tenían que ver con el diferimiento extraordinario de deudas, el paso de deudas a registro vencido e incluso el no afectar la calificación crediticia por mora.

Sin embargo, la Resolución 609 2020 F de la propia Junta establece un nuevo plazo que tendrán los bancos para registrar las cuentas vencidas, que se aplicará desde el pasado 31 de octubre hasta el 30 de junio de 2021. Así, durante este periodo, cada vez que una operación quede vencida se le otorgan 61 días más antes de registrarla como tal.

No se trata de un nuevo diferimiento, sino de un último plazo antes de que la deuda quede registrada como vencida y por tanto también cambien las calificaciones de la morosidad de los clientes.

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El texto de la resolución indica: “Por esta única vez, las entidades bancarias en los estados financieros con corte al 31 de octubre de 2020 y hasta los estados financieros con corte al 30 de junio de 2021 registrarán la transferencia a las cuentas vencidas, todas las operaciones de los diferentes segmentos de crédito que no hubieren sido pagados en la fecha de vencimiento, a los 61 días.

Además, en la resolución se establece una nueva tabla de provisiones que deberá cumplir la banca, en torno a las deudas vencidas. Aunque los porcentajes son los mismos que hasta ahora, lo que cambia es el plazo para la provisión. Así hay más días de plazo para la provisión al principio, pero se vuelve más rigurosa a partir del día 60.

La superintendenta de Bancos, Ruth Arregui, explicó las razones para haber aplicado estas medidas que las denomina "de segunda fase". Para la funcionaria, luego de los más complejos meses de la pandemia, se debe crear una política que le permita al cliente renegociar las deudas con la banca.

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Si bien ha habido una recuperación de depósitos, no hay demanda de crédito porque están en situación de diferimiento. Así con esta medida, los clientes que por ejemplo en octubre ya tengan sus cuentas vencidas, pueden extender ese registro hasta al menos diciembre y ver las posibilidades de reestructurar o novar y de obtener un nuevo crédito.

Al momento, dice Arregui, hay una cartera con diferimiento extraordinario de $ 10.200 millones y considera necesario crear un fondo o fideicomiso que permita refinanciar esos créditos a más largo plazo. Esto, tomando en cuenta que las consecuencias económicas y financieras de la pandemia van a vivir con nosotros al menos cinco años más, opina.

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En este sentido dijo que, a más de la resolución,. se está trabajando de cerca con el Ministerio de Economía y Finanzas en un fondo que se denominaría Reactívate 2. Este ayudaría a industrias, empresas, grandes microempresas y hogares, que difícilmente van a poder regresar a las actividades productivas.

Arregui dijo que este fondo se alimentaría de los recursos de multilaterales y contarían con una garantía del Estado, para así poderlo multiplicar con base en inversiones. Con $ 1.000 millones se pueden hacer títulos, colocaciones y titularizaciones, y apalancar ese fondo tres veces.

De hecho, el ministro de Economía y Finanzas, Mauricio Pozo, ya ha hablado de esta posibilidad. En una entrevista televisiva dijo que en su última visita a Washington se concretaron acciones para obtener recursos para el sector privado. Dijo que puede haber diversos mecanismos, pero uno de ellos sería emitir un bono de reactivación productiva que se lo podría colocar en mercados internacionales. También se ha hablado con el BID Invest, brazo financiero del BID para el área privada. (I)