"No se callen". Con esta frase, Isabella Nuques intenta crear consciencia sobre la importancia de la denuncia cuando una persona es víctima de violencia sexual digital o ciberacoso.

En agosto del 2019, ella denunció a su expareja ante la Fiscalía por extorsión. El sujeto fue detenido. La Policía halló un teléfono que usaba para contactarse con Nuques de forma anónima, con el objetivo de pedirle dinero a cambio de no difundir imágenes íntimas. Y, ante la posibilidad de que un juez le otorgara medidas sustitutivas de la prisión preventiva, ella contó su caso en un hilo de Twitter, lo que desató una ola de solidaridad.

"Las personas que pasan por esto tienen miedo al qué dirán. Como amor propio tienen que alzar la voz para defender sus derechos. Si más mujeres u hombres denunciamos no habrían agresores. Cuando se denuncia se vira la tortilla, porque los agresores se alimentan del miedo", dice Nuques, de 26 años de edad.

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¡Me canse de estar callada! Mi ex enamorado Raúl Eduardo Martillo Tapia abusó de mi, psicológicamente, físicamente y trato siempre de ensuciar mi nombre y honra, ya que su hobby preferido no es el crossfit sino degradar a la mujer. @FiscaliaEcuador @CynthiaViteri6

Ella cree que es importante que se tipifiquen de mejor forma delitos que se han cometido por años, pero que no han sido definidos: violencia sexual digital y ciberacoso. Precisiones como aquellas constan en el Proyecto de Ley Orgánica para Prevenir la Violencia, el Acoso Digital y la Violación a la Intimidad, impulsado por la asambleísta Mae Montaño, que busca reforzar el artículo 175 del Código Orgánico Integral Penal (COIP).

"Lo que sucede cuando se tipifica con exactitud, como lo que estamos haciendo, es que el juez no se vaya por la tangente, porque no encuentra: 'A ver dónde está dicho, aquí, qué será'. Cuando tipificas de esta manera, esto es como en la salud, puedes utilizar paracetamol para el dolor de cabeza, pero no puedes utilizar paracetamol si tienes cáncer", sostiene Montaño.

En el texto de este proyecto -calificado semanas atrás por el Consejo de Administración Legislativa (CAL) y que se espera su agendamiento para ser tratado en la Comisión de Justicia, se incluyen dos figuras delictivas.

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"Art. 175.1.- Violencia sexual digital.- Se considera violencia sexual digital todo acto ejecutado mediante las tecnologías de la información y comunicación, a través del cual se difundan textos, imágenes, audios o videos con contenido sexual, ya sean reales o alterados, que exhiba dolosamente, cause daño o perjuicio, afectación en su psiquis o discrimine y que atenten contra la imagen y la dignidad de cualquier persona", se cita en el texto de la propuesta. Se añade que quien ejecute este tipo de actos sin el consentimiento de cualquiera de las personas incluidas en el texto, imagen, audio, o video, será sancionado con pena privativa de la libertad de uno a cuatro años.

Este articulado recoge un agravante, cuando la víctima sea menor de dieciocho años de edad o con discapacidad, o por cualquier causa no pueda resistirlo. La sanción comprende de cuatro a seis años de prisión. Y quien comercialice por medios digitales ese tipo de contenido enfrentará una pena privativa de la libertad de 6 a 10 años.

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Mientras que el art. 175.2 del proyecto refiere el Ciberacoso sexual: "Es una modalidad de la violencia sexual digital, que se lleva a cabo en los espacios digitales, y reside en el uso de las tecnologías de la información y la comunicación, con el objeto de intimidar, dominar, presionar o amenazar a la víctima, con el objeto de perjudicar o menoscabar su imagen, dignidad, privacidad e intimidad sexuales, será sancionada con pena privativa de la libertad de uno a tres años".

En el texto se detalla que cuando la violencia sexual digital se ha ejercido por parte de la pareja o expareja de esta se considerará como agravante. "Cuando la víctima sea menor de dieciocho años de edad o con discapacidad, o por cualquier causa no pueda resistirlo, será sancionada con pena privativa de la libertad de tres a cinco años".

Isabella, quien acusó a su expareja de someterla a una pesadilla por siete años, considera que las sanciones planteadas aún son bajas y que se deben mejorar los procesos durante la investigación judicial.

"En el proceso judicial se me ha revictimizado, por lo menos, diez veces. Tuve que contarle a la Policía, abogados, peritajes psicológicos, versiones. Dónde está mi protección como víctima. Nadie me ha pagado mis citas al psicólogo, al psiquiatra. Esos daños nadie los cubre, donde el Estado debería de proteger a la víctima", cuenta Nuques, quien espera la instalación de la audiencia de juzgamiento en contra de su expareja, el 27 de noviembre próximo, para cerrar ese episodio de su vida. (I)

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