Esta mañana, después de diez meses de presentada (15 de enero), la Comisión de Fiscalización de la Asamblea avocó conocimiento de la solicitud de juicio político en contra de la ministra de Gobierno, María Paula Romo por incumplimiento de funciones, durante las protestas de octubre del 2019 y aprobó el cronograma del mismo, fijando el sábado 31 de octubre, como la fecha para su comparecencia.

Como interpelantes, los asambleístas Roberto Gómez, Lourdes Cuesta y Amapola Naranjo argumentan que la ministra ordenó un uso no adecuado de la fuerza, dispuso el uso de bombas lacrimógenas caducadas y reconoció el uso de bombas lacrimógenas en centros de paz (sector de las universidades), cuando su deber era mantener el orden y la paz social. Además, no se implementó el protocolo de protección para la labor periodística, entre otras irregularidades.

Luego de la lectura de la documentación remitida por la Presidencia de la Asamblea que se refería únicamente a la causal de incumplimiento de funciones por los hechos de octubre, el asambleísta Marcelo Simbaña (CREO) señaló que se deberían integrar todos los elementos expuestos con posterioridad.

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Simbaña se refería al oficio que los interpelantes remitieron a la Presidencia el 10 de septiembre pasado, solicitando que se incluya en el expediente de juicio contra Romo dos documentos: la resolución del Pleno de la Asamblea de agosto en la que se pedía la remoción del cargo de la ministra por las denuncias de corrupción en hospitales y el informe de la Comisión Multipartidista que investigó al exasambleísta Daniel Mendoza, dentro de las irregularidades en el caso del Hospital de Pedernales.

Sin embargo, Elio Peña, presidente de la mesa, expresó que hay un expediente enviado formalmente por la Presidencia y que, en principio, es lo que deben acoger, y José Serrano agregó que la causal para un juicio político está claramente determinada en la Ley Orgánica de la Función Legislativa, en torno al incumplimiento de funciones, que es lo que se debe probar y eso es lo que se debe exponer en el término de prueba.

Pero Gómez, presente en la sala, insistió y dijo que el juicio es por incumplimiento de funciones y que a lo largo del tiempo se ha conocido nuevos elementos que determinan esta causal, que pueden o no estar relacionada con los mismos hechos de octubre.

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La ministra de Gobierno pretende que no se la enjuicie por el REPARTO de los HOSPITALES.

"El presidente de la Asamblea, (César Litardo), deliberadamente, o por error, evitó enviar (a la Comisión de Fiscalización) este oficio del 10 de septiembre", añadió Gómez.

Peña cerró el tema diciendo que en el plazo de pruebas de cargo y descargo pueden presentar estos elementos en el marco del debido proceso.

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La sesión de la Comisión de Fiscalización concluyó con las intervenciones de rechazo de varios asambleístas rechazando el oficio de la ministra Romo, en el que exige que el proceso de juicio político en su contra se realice de forma presencial y los interpelantes salgan de la comodidad de sus hogares, como ella lo ha hecho durante toda la emergencia sanitaria por la pandemia por COVID-19.

José Serrano (AP) expresó que el juicio político no se va a resolver en redes sociales, que rechaza, enfáticamente, "las afirmaciones bastante prepotentes que pretendes desvirtuar el trabajo" de la Asamblea y que las sesiones virtuales no son por comodidad, sino por miedo "con un gobierno y un ministro de salud que no hicieron nada para protegernos de la pandemia".

En tanto, Mercedes Serrano (PSC) dijo que no puede ser posible que los pájaros pretendan disparar a las escopetas, que la ministra tiene que ocupar su lugar y que los asambleístas no se van a prestar a desfachateces como esta, pues un ministro no les puede decir lo que hacer.

"La pandemia es un problema mundial y ella no va a venir a exponernos. ella podrá mandar en sus tropas, en su ministerio, podrá hacer lo que le da la gana en el lugar donde ella manda, pero no en la comisión de fiscalización, es inoportuno, desacertado", agregó.

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Bairon Valle (RC) dijo que se debía responder a la ministra que se va a poner una carpa enorme en el terreno donde se debió construir el Hospital de Pedernales y que ahí sería recibida.

Peña agregó que la actitud de Romo es desafiante, imprudente y sobre todo equivocada. "Nosotros que estamos en teletrabajo sabemos que no estamos cómodos, quisiéramos estar trabajando en territorio, pero hay limitaciones", concluyó. (I)