Cientos de venezolanos, que huyeron hace algunos años de su país, escapando del hambre y la miseria, han decidido volver a sus lugares de origen debido a la pandemia y al impacto económico que esta ha provocado en Latinoamérica.

Desde que empezó la pandemia de coronavirus hasta el momento, unas 130.000 personas han regresado a Venezuela y otras decenas de miles esperan en la frontera colombiana debido a que el gobierno venezolano decidió limitar la entrada diaria de sus nacionales, se indica en una publicación del sitio web ABC.

Esta medida se aplica desde el pasado 8 de junio por orden de Nicolás Maduro y, desde esa fecha, la frontera solo abre los lunes, miércoles y viernes y se permite únicamente el ingreso de 300 venezolares por los cruces oficiales: el puente internacional José Antonio Páez en Arauca y el puente internacional Simón Bolívar.

Esto ha llevado a muchos a arriesgar sus vida utilizando "trochas" (pasos ilegales). Estos trayectos están llenos de peligros: la velocidad de las corrientes de agua que deben cruzar, los guerrilleros o paramilitares dedicados a la extorsión, además de que pueden ser detenidos por las autoridades venezolanas.

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Este martes, la ONG Human Rights Watch y la Universidad de John Hopkins publicaron un informe que revela que, en Venezuela, las autoridades obligan a los que llegan a cumplir con una cuarentena de 14 días en condiciones insalubres, hacinados, sin la alimentación necesaria, con escaso acceso a agua o atención médica.

"A muchos retornados se les ha exigido permanecer en centros de cuarentena durante varias semanas adicionales a los 14 días recomendados por la Organización Mundial de la Salud, debido a demoras en las pruebas de diagnóstico de covid-19 y a un protocolo de testeo innecesariamente complejo", denunciaron ambas instituciones.

Condiciones que contribuyen a la proliferación del virus

Desde el año 2014, más de 5 millones de venezolanos han salido de su país. Ahora, quienes retornan, deben someterse a una cuarentena en condiciones deplorables. Al llegar se les exige que permanezcan en los conocidos como Puntos de Atención Social Integral o PASI, donde no cuentan con agua ni electricidad. Estos sitios están abarrotados de personas.

"El hacinamiento hace que el distanciamiento social resulte imposible y se agrave el riesgo de transmisión del coronavirus", señala el documento.

Los PASI están ubicados generalmente en los estados fronterizos como Táchira, Apure, Zulia y Bolívar. Los demás se encuentran en Caracas, Aragua, Falcón, Guárico y Vargas.

Los testimonios recogidos para este informe, respaldan la teoría de Human Rights Watch y la Universidad de John Hopkins de que es posible que los retornados contribuyan a expandir el virus en Venezuela. "Los retornados venezolanos están expuestos a un riesgo mayor de covid-19 en ambos lados de la frontera", asegura José Miguel Vivanco, director para las Américas de HRW.

Decenas de miles de personas han permanecido en los PASI de Venezuela. En total son 271 centros que existen en el país, incluyendo cerca de 140 en zonas fronterizas, con una capacidad total de 14.000 personas.

En el documento se detalla lo que se vive en uno de estos centros ubicado en Zulia. Un trabajador humanitario dio a conocer que en el lugar se habían alojado unas 700 personas, aunque la capacidad del sitio era solo para 200.

En el 2018, gobiernos latinoamericanos crearon la iniciativa Proceso de Quito, con el objetivo de plantear una respuesta común al éxodo venezolano. Esta se mantiene vigente y ha expandido sus funciones para acompañar y facilitar el retorno voluntario de los cientos de miles de venezolanos que debido al coronavirus se han visto obligados a volver a su país. (I)