Subir el IVA del 12 % al 15 % y crear nuevos impuestos están en las propuestas del Acuerdo del Ecuador con el Fondo Monetario Internacional

Subir el impuesto al valor agregado (IVA) del 12 % al 15 %; eliminar su devolución a las personas de la tercera edad; cobrar el impuesto a la renta también para los décimos terceros y cuartos, que ahora están exentos; crear un impuesto a la gasolina y a las emisiones de CO2 son varias de las propuestas que constan en el staff report (reporte que sirve para elaborar el Acuerdo entre el Fondo Monetario Internacional y el Ecuador) que se hizo público el lunes pasado, en torno a una posible reforma tributaria.

La reforma tributaria es indispensable para acrecentar los ingresos del fisco en 2,5 % del PIB y así poder cerrar el déficit en 2022. Por eso, según los cálculos del régimen y del FMI, el Gobierno venidero debería presentar esta reforma en septiembre del 2021.

De acuerdo con los datos, la reforma del IVA arrojará el 1,38 % más de ingresos al fisco. Y las reformas a los impuestos a las personas que tienen que ver exenciones tributarias y los décimos, el 0,65 %. Los impuestos verdes podrían generar una mayor recaudación calculada en 0,38 %.

Para Santiago García, catedrático experto en temas económicos, es indispensable hacer una amplia discusión sobre el tema tributario y que se haga una reforma que no golpee los bolsillos de los vulnerables y que tampoco afecte a las empresas. En cuanto a subir el IVA, para García esto no podría darse si el ciclo económico no logra repuntar, pues una medida así detendría el crecimiento. Si la economía estuviera más fortalecida sí sería viable un incremento, sobre todo considerando que el IVA ecuatoriano es bajo en relación con el de otros países.

La alternativa, agrega, sería crear un impuesto al patrimonio neto de las personas. Sobre retirar la devolución del IVA para las personas de la tercera edad no lo ve correcto, pues al momento es un pequeño grupo el que se beneficia, pero además se ha conocido de abusos en este tema. No descarta que pudieran darse otro tipo de compensaciones para ese sector. Y considera que gravar el décimo tercero y cuarto sueldos podría ser aceptable, siempre y cuando también se le grave al patrimonio. Ahí la contribución vendría de la clase media y de las personas que tienen muy altos ingresos.

García dice no estar de acuerdo con el impuesto a las telecomunicaciones, pues la población debe tener cobertura y facilidades para el acceso a este servicio. En cambio, considera que Ecuador es uno de los países con menor carga impositiva en temas ambientales, por lo que ve viable introducir impuestos verdes.

Entre tanto, José Hidalgo, director de Cordes, explica que la reforma tributaria planteada es apenas una propuesta si se considera que si bien estas son las recomendaciones contenidas en el staff report y consensuadas con el Gobierno, la reforma deberá tener un proceso de aprobación a través de la Asamblea y deberá ser presentada por el próximo Gobierno, que podría incluso negociar las sugerencias de este documento. En todo caso, no se puede perder de vista que es necesario conseguir mayores recursos en 2,5 % del PIB. Pero advirtió que si el país vuelve a decir no a todo, entonces se vendría un colapso de la economía. Según la propuesta, el elemento de mayor peso es subir el IVA.
Lo de los adultos mayores es un tema de igualdad por el hecho de que una minoría son los que piden lo de la devolución. Para Hidalgo hubiese sido importante que se estableciera una disminución del impuesto a la salida de divisas.
Augusto de la Torre considera que es una reforma adecuada, pero dice que le agregaría la baja de aranceles para maquinaria, materia prima y tecnología, todo lo necesario para producir. Destaca que el Gobierno ha pedido una licencia al FMI para poder continuar con el impuesto a la salida de divisas, que actualmente viola legislación internacional.

Al ser consultado sobre si el FMI aceptó este Acuerdo sin una garantía de que el próximo Gobierno pueda cumplir esta meta, dijo que a su parecer el Fondo ha hecho una apuesta por el país en el entendido de que tendremos un Gobierno serio. Para De la Torre es muy importante que de aquí a abril se discuta ampliamente la necesidad de la reforma tributaria. Si hay sectores que no la quieren implementar, se les debe pedir que digan, entonces, cómo se financiaría esa necesidad de recursos. (I)

Atrasos del Gobierno bajaron en $ 802 millones

Los atrasos del Gobierno, que han generado malestar y protestas en varios sectores, bajaron de $ 3.801,9 millones a $ 2.999,3 millones. Esto en el periodo que va entre el 30 de septiembre y los primeros días de octubre. Esto significa una reducción de atrasos en $ 802 millones. Las cifras constan en el reporte de la ejecución presupuestaria del Ministerio de Economía y Finanzas.

Aparentemente, se empiezan a sentir los primeros efectos de los dineros que llegaron del Fondo Monetario Internacional (FMI), aunque el nivel de desfase sigue siendo alto.

De acuerdo con la ejecución presupuestaria, los temas de salarios, bienes y servicios y gastos de capital fueron los que tuvieron mayores pagos en estos días. Salarios del sector público es uno en los que más se ha bajado la brecha.

Hasta el 30 de septiembre había un bache de $ 296 millones y ahora solo resta por pagar $ 31 millones. En bienes y servicios había un atraso de $ 289 millones y ahora esa cifra bajó a $ 89 millones. En egresos de capital había una deuda de $ 704 millones y ahora está en $ 475 millones.

Los rubros que casi no han cambiado tienen que ver con los pagos a la Seguridad Social y de los pagos a gastos financieros.

En cuanto al tema de Seguridad Social, ni el IESS ni el Ministerio de Finanzas han dado aún una explicación sobre si se va a concretar o no el acuerdo anunciado por el presidente del IESS, Jorge Wated, para un pago en efectivo y bonos a la institución. Esto con correspondería al 40 % de la deuda. Actualmente esa deuda asciende a $ 1.438 millones.

También está pendiente, según la ejecución presupuestaria, el pago de gastos financieros, es decir, intereses de deuda. Este rubro asciende a $ 819 millones. Pero el Gobierno no está obligado a cancelarlos, debido a que realizó la renegociación de los bonos. (I)