Renuncias de legisladores por casos de corrupción y elecciones dejan vacíos en comisiones de la Asamblea Nacional

La renuncia de dos legisladores por casos de corrupción, la inhabilidad de una asambleísta por sentencia penal ejecutoriada y la salida de otros cinco por concretar su participación electoral y en cargos públicos generan vacíos en las Comisiones Especializadas Permanentes y de Fiscalización de la Asamblea Nacional.

En las últimas semanas el tema de corrupción que salpicó a la Asamblea llevó a los legisladores Daniel Mendoza (antes de AP-Aliados), representante de Manabí, y a Eliseo Azuero (BADI), de la provincia de Sucumbíos, a renunciar al cargo, dejando vacante la presidencia de la Comisión de Régimen Económico que la presidía Mendoza y la vicepresidencia de Fiscalización que la ocupaba Azuero. En esta última comisión también era integrante Mendoza.

Los dos legisladores fueron implicados y el juez dictó orden de prisión por el delito de delincuencia organizada en la fallida construcción del hospital de Pedernales. Mendoza guarda prisión en la cárcel 4 de Quito y Azuero está prófugo.

Al momento continúa vacante la presidencia de la Comisión de Régimen Económico que dejó Mendoza, pero desde la primera semana de julio es remplazado temporalmente por el legislador de El Oro, Franco Romero, vicepresidente de la Comisión, quien también ha sido nombrado en los testimonios de los implicados en el caso de delincuencia organizada. Uno de ellos, en la última semana, aseguró que Romero fue beneficiario de un reparto entre varios asambleístas de $ 360.000.

El procesamiento penal de estos dos legisladores motivó al pleno de la Asamblea Nacional a reestructurar de manera integral la Comisión de Fiscalización donde Azuero era su vicepresidente.

Ante la renuncia de ambos legisladores asumieron sus alternas Pinuccia Colamarco (IND), en remplazo de Daniel Mendoza en la Comisión de Régimen Económico, y Yovana Guevara (IND) en la Comisión de Participación Ciudadana, suplente de Eliseo Azuero.

La asambleísta Viviana Bonilla (antes de AP) perdió su curul tras ejecutarse la sentencia penal por peculado dentro del caso Sobornos; era miembro de la Comisión de Justicia y ahora la remplaza el legislador Rodrigo Collahuazo (AP).

Otra de las comisiones afectadas tras la renuncia de un legislador es la de Derechos de los Trabajadores, donde su vicepresidente, Vicente Taiano (PSC), pasó a gerenciar la Agencia Metropolitana de Tránsito de Guayaquil. Hasta el momento no se elige al vicepresidente. Lo remplazó en su curul Samia Tacle (PSC).

De los asambleístas que anticiparon que participarán en las elecciones de febrero de 2021 por otra dignidad distinta a la legislatura, el primero en presentar la renuncia fue Guillermo Celi (SUMA), para ser candidato presidencial, su alterna María Cristina López asumió la representación en la Comisión de Desarrollo Económico.

Ximena Peña (AP) espera renunciar este martes a su curul para postularse como candidata presidencial en las próximas elecciones. Ella será remplazada por Carlos Ortega Álvarez, pero dejará vacante la presidencia de la Comisión de Justicia.

La legisladora Cristina Reyes (PSC) al igual que Verónica Arias (RC-ARE) anunciaron que postularán para un puesto en el Parlamento Andino, ambas actúan en la Comisión de Derechos de los Trabajadores. De confirmar su inscripción para las próximas elecciones, Reyes será remplazada por Dalton Narváez y Arias, por Jackson Torres. Adicionalmente, Reyes dejará vacante la vocalía del PSC ante el Consejo de Administración Legislativa (CAL), que luego deberá designar a su delegado.

Reformas para juzgar y sancionar la conducta de los asambleístas

La Asamblea Nacional cerró el segundo debate del proyecto de reformas a la Ley Orgánica de la Función Legislativa, donde los asambleístas quieren incluir algunos cambios para sancionar el comportamiento de los legisladores ante hechos de corrupción y aspectos reñidos con la ética.

La presidenta de la Comisión de Justicia, Ximena Peña, señala que se espera crear un Comité de Ética integrado por cinco legisladores electos por el pleno de las diferentes bancadas que juzgarán la conducta de los asambleístas previa presentación de denuncia y podrán recomendar su destitución. Para destituir a un legislador se necesitará de una mayoría calificada; esto es, de las dos terceras partes de los integrantes del pleno.

Se incluye dentro de las prohibiciones de los asambleístas el recibir cuotas, aportes o los llamados diezmos por parte del equipo de trabajo, lo cual será sancionado con la destitución del cargo. En adelante también se establecerá como causal de destitución el abandono del cargo, esto en alusión a lo ocurrido con tres legisladores de la Revolución Ciudadana que están en México, tras los acontecimientos de octubre de 2019.

En torno a la tarea de fiscalización, las reformas a la Ley que rige a la Asamblea determinan que la Comisión de Fiscalización y Control Político en adelante será permanente, sus miembros durarán dos años, no podrán ser miembros quienes integren el Comité de Ética, el Consejo de Administración Legislativa y tampoco podrán ser interpelantes de un funcionario público.

Respecto al procesamiento de los juicios políticos, las reformas determinan que todos los informes sean recomendando el archivo o la interpelación del funcionario público y serán conocidos y ratificados por el pleno de la Asamblea Nacional. (I)