Los últimos programas de Cablevisión estuvieron al aire hasta marzo del 2018. Después de eso, los trabajadores de la empresa que manejaba Cabledeportes y Cablenoticias iban hasta las oficinas para saber qué pasaría con ellos. En ese ir y venir, ya sin hacer nada, estuvieron hasta mayo de ese año, cuando fueron desvinculados.

Desde entonces iniciaron un peregrinaje para que el Estado, que administra ese medio incautado, pueda pagar los valores adeudados al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), las liquidaciones y otros haberes pendientes. Los 150 exempleados también entablaron una demanda que la ganaron ante el Ministerio del Trabajo.

Galo Arbeláez, presidente del Comité de Empresa de Cablevisión, señala que lo adeudado supera los $7 millones, monto en el que se incluyen los $6,8 millones que ganaron en la demanda laboral. Las gestiones para tratar de lograr una solución abarcan diálogos con funcionarios del Ministerio de Finanzas y la Empresa de Medios Públicos, accionista. Y en dos años no han logrado nada.

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Cablevisión está en proceso de liquidación, al igual que otros medios de comunicación que fueron incautados a exbanqueros como los hermanos Isaías, accionistas de Filanbanco, que sucumbió en la crisis.

De un grupo de once empresas catalogadas como medios de comunicación, solo dos están activas: Cadena Ecuatoriana de Televisión (TC) y Radio Difusora del Pacífico (Super K-800). Otras, como Compañía Televisión del Pacífico Teledos S. A. (Gamavisión), Uminasa, Organización Radial (Carrusel), América Visión, radio Bolívar, están en liquidación, según datos proporcionados esta semana por la Empresa Coordinadora de Medios Públicos.

Los pagos pendientes solo en siete empresas ascienden a $13,15 millones, entre deudas del IESS, Servicio de Rentas Internas (SRI), litigios y liquidaciones.

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“A las radios las han dejado morir como dejaron morir a Cablevisión, las revistas”, sostiene Margarita Constante, excolaboradora de Super K-800, emisora que alguna vez estuvo en el top de las radios deportivas y que durante el Gobierno anterior era usada para transmitir las sabatinas.

Esta radio estuvo al aire hasta antes de la pandemia. Pero a la plantilla de trabajadores se la estaba desvinculando meses atrás.

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En Uminasa, editorial que publicaba revistas, hay también la sensación de que no hubo un buen manejo y gestión en estas empresas. Que hubo inestabilidad administrativa.

De hecho, el último liquidador de los medios incautados ya no está. El 9 de julio pasado, Carlos Alvarado Vera presentó su renuncia al cargo. El 31 de julio, Medios Públicos EP solicitó a la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros que proceda a designar un liquidador en reemplazo de Alvarado.

Vender los medios incautados para pagar a los empleados es un asunto complejo por aspectos legales que envuelven a esos bienes. Hay medidas cautelares por una acción de protección interpuesta por los abogados de la familia Isaías. Esto implica una prohibición de enajenar bienes.

Jorge Zavalas Egas, abogado de los Isaías, explica que la medida se mantiene y el Estado no puede vender, por ejemplo, para pagar a los empleados. “Está prohibido de hacerlo y evidentemente no lo va a hacer”, señala.

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Al Gobierno incluso le quedó corto el plazo que se estableció en la Transitoria Primera de la Ley Orgánica de Comunicación, que ordenaba al Estado que transfiera las acciones de medios privados que posee. Eso se debía cumplir hasta el 20 de febrero de 2020.

Sobre este aspecto, la Empresa Coordinadora de Medios Públicos esgrime que como no se han realizado reformas a la ley que extiendan este plazo se continuará con el proceso de liquidación que permita hacer líquidos los activos para cubrir los pasivos de cada una de las empresas. Pero reconoce que hay prohibiciones de enajenar y medidas cautelares reales que constituyen una limitación al derecho de propiedad.

En medio de este litigio legal, los extrabajadores claman por una rápida solución. Constante y Arbeláez sostienen que hay personas con enfermedades catastróficas y otros que fallecieron esperando sus pagos. (I)

TC, un canal incautado con ingresos de $37,9 millones

De los dos canales de señal abierta que incautó el Estado, solo Cadena Ecuatoriana de Televisión Canal 10 (TC) mantiene mejores condiciones. La historia de Compañía Televisión del Pacífico Teledos S. A. (Gamavisión) es adversa.

El año pasado, TC obtuvo ingresos por ventas de $37 929 678 y su utilidad antes de impuestos llegó a $1 298 352,45, según datos de la Superintendencia de Compañías. El canal reporta activos por $63 517 934,2.

Medios Públicos EP es la accionista mayoritaria en esa estación televisiva, que además tiene como accionistas minoritarios al Fideicomiso de Trabajadores de la compañía.

“La propuesta planteada por Medios Públicos EP es que la empresa continúe activa y funcionando”, indica la Empresa Coordinadora de Medios Públicos.

Eso, no obstante, deberá ser analizarlo por las autoridades del Gobierno, porque Medios Públicos EP está en proceso de liquidación.

María Piedad Palacios, gerenta de TC, en un video de rendición de cuentas señala que en el 2019 se logró recuperar de manera porcentual la cartera comercial vencida, “impactando de manera positiva en el flujo de caja”. Además, según la ejecutiva, se cumplió al menos el 93 % de los ingresos presupuestados.

El caso de la Compañía Televisión del Pacífico Teledos S. A. (Gama) es distinto, ahora está al aire con una plantilla de trabajadores reducida y una programación que en parte se nutre de producciones que TC tenía años atrás.

En el 2018, la Superintendencia de Compañías resolvió declarar disuelta de oficio esa empresa por encontrarse inmersa en las causales de disolución contenidas en los numerales 6 y 12 del artículo 361 de la Ley de Compañías.

De manera adicional, en esta resolución se dispuso que, ejecutadas las formalidades, se inicie el proceso de liquidación, con la opción de optar por la reactivación de la compañía.

Se está efectuando un análisis financiero y societario para superar la causal de liquidación, y posteriormente Medios Públicos EP solicitaría directrices a las máximas autoridades del Gobierno, por encontrarse en proceso de extinción”, explica la Empresa Coordinadora de Medios Públicos. (I)