Ordenan a Catalina Vélez, presidenta del CES, ofrecer disculpas públicas y hacer curso contra la discriminación racial

El Defensor del Pueblo, Freddy Carrión, ordenó a la presidenta del Consejo de Educación Superior (CES), Catalina Vélez, que a más de ofrecer disculpas públicas a la ciudadanía y a realizar un curso de seis horas de sensibilización y educación sobre la lucha contra la discriminación racial.Todo esto luego de que la Defensoría del Pueblo conoció los comentarios emitidos por la representante del CES, en su comparecencia del 26 de junio pasado, ante la subcomisión de Educación que preside el asambleísta, Jimmy Candell (BIN), y que realiza el seguimiento a la intervención de la Universidad de Guayaquil.De su lado, el asambleísta Candell, en un comunicado rechazó las expresiones verbales y la conducta de la funcionaria pública, quien olvidó silenciar el micrófono al concluir su intervención, que ha "originado una justificada indignación de la ciudadanía".En la comparecencia, añade la Defensoría, Catalina Vélez, en uso de sus funciones públicas, expresó de forma literal: “Qué cholo que está con ese fondo blanco, Jesucito”, “se ríe el Passailaigue”, refiriéndose al asambleísta Jimmy Candell, palabras que han sido transmitidas por diferentes medios de comunicación.Agrega que de acuerdo con la información relacionada con la formación académica de la presidenta del CES, posee un PHD en “discapacidades e intervención social, multiculturalismo, interculturalidad y diversidad”, otorgado por la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla, España.La Defensoría, en el análisis, toma en cuenta la misiva que remitió la funcionaria el día 27 de junio, donde sostuvo que se han mal entendido sus expresiones, señalando que “mis palabras en ningún momento fueron dirigidas hacia persona alguna. Con clarísima mala intención se está tergiversando y descontextualizando una expresión coloquial referente a un objeto, tal como es el color de un fondo de pantalla…”En su resolución el Defensor Público señala que el artículo 230 de la Constitución dispone que en ejercicio público se prohíbe las acciones de discriminación de cualquier tipo; así como en el artículo 11 de la norma suprema describe que nadie puede ser discriminado por razones de ética, lugar de nacimiento, identidad cultural, etc.Igualmente, el artículo 57 de la Constitución se refiere a una atención especial para las comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades, al reconocer el derecho a no ser objeto de racismo y de ninguna forma de discriminación fundada en su origen, identidad étnica o cultural.Según la explicación de la funcionaria, describe la Defensoría en su resolución, la palabra “cholo” se refería a un objeto y no a una persona; no se puede tolerar ni justificar sus expresiones racistas, más aún, viniendo de una alta funcionaria de Estado encargada de la planificación, regulación y coordinación de la educación, con doctorado precisamente en temas de desigualdad, multiculturalismo e interculturalidad.Que de acuerdo al análisis de la grabación expuesta por varios medios, indica la Defensoría, no se ha tergiversado, ni se ha desecontexualizado sus expresiones como lo afirma la funcionaria en su misiva; por lo tanto, considera que “éstas fueron emitidas expresamente con la intención de descalificar a una persona que ha utilizado un objeto (fondo blanco en un vídeo), que no era de su agrado, utilizando vocablos y expresiones idiomáticas que hacen referencia a rasgos étnicos con un evidente sesgo despectivo.Por ello, el Defensor Freddy Carrión, dispuso que Catalina Vélez, ofrezca disculpas públicas en un plazo máximo de tres días, en su calidad de presidenta del CES, hacia la ciudadanía en general y en particular, para las y los ciudadanos autoidentificados como “cholos”, sea por su origen o por su historia ancestral; las cuales deberán hacerse a través de un medio digital de alcance nacional.Además, ordena que la funcionaria en su calidad de presidenta del CES, realice un curso de al menos seis horas de sensibilización y educación sobre lucha contra la discriminación racial, para lo cual se pone a disposición la Dirección Nacional de Educación de la Defensoría del Pueblo.La Defensoría concede el plazo de ocho días para que se informe sobre las acciones llevadas a cabo para atender las medidas dispuestas; pues se advierte que en caso de in cumplimiento se procederá conforme lo establece la Ley para los casos de incumplimiento de decisiones de autoridad legítima. (I)

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