El jueves la Corte Constitucional cerró la etapa de audiencias públicas de la segunda acción de incumplimiento al Decreto 1017, en la cual sectores vinculados a la educación cuestionaron una supuesta reducción de presupuesto que superaría los $900 millones.

Los jueces constitucionales escucharon la defensa que hicieron los abogados de los ministerios de Finanzas y de Educación a los fundamentos que llevaron a recortar el presupuesto de esa área.

Gonzalo Lascano, en representación de Finanzas, sostuvo que no se recortó el presupuesto para educación, porque en ningún momento ha variado la cifra asignada a ese sector y que fue aprobada por la Asamblea, pero lo que sí ocurrió fue una racionalización y optimización del gasto en aquellas áreas donde es difícil ejecutar por efectos de la pandemia, como el programa de alfabetización.

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La accionante, Isabel Vargas, presidenta de la Unión Nacional de Educadores (UNE), dijo ante la jueza ponente, Daniela Salazar, que la reducción presupuestaria tiene un efecto para el año lectivo 2020-2021, porque en los rubros principales se afectan la impresión de textos, uniformes, alimentación escolar, equipamiento de establecimientos y alfabetización.

La jueza Salazar dijo que la Corte no ha recibido toda la información que han solicitado, como los comprobantes de modificaciones realizadas por el Ministerio de Finanzas a educación; en todas se señala como documento de respaldo la Resolución presupuestaria 2645.

La legisladora Jeannine Cruz, que presentó un amicus curiae, habló de que en la Asamblea hay un documento que devela que la reducción de presupuesto fue acordada entre los ministerios de Finanzas y de Educación. (I)