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Con nuevo peritaje se zanjaría litigio entre cementera Holcim y un grupo de jubilados

Una disputa legal de 20 años podría definirse hoy cuando el perito Jimmy Franco presente su análisis sobre el monto que debe cancelar la cementera multinacional Holcim a 315 jubilados por un fondo creado por ley en 1989 y que está pendiente de pago desde el 2000.

La Cemento Nacional fue adquirida por Holcim; la demanda de sus jubilados ha pasado por varias instancias judiciales hasta llegar a la Corte Constitucional. Foto: redaccion

Una disputa legal de 20 años podría definirse hoy cuando el perito Jimmy Franco presente su análisis sobre el monto que debe cancelar la cementera multinacional Holcim a 315 jubilados por un fondo creado por ley en 1989 y que está pendiente de pago desde el 2000.

Ese fondo jubilar debía estar conformado por dos centavos de sucre por cada kilo de cemento vendido por la empresa y que esta, como agente de retención, debía entregar al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS).

La idea era compensar los problemas de salud que causa a sus trabajadores la producción de cemento.

Se trata de un litigio que ha tenido un sinnúmero de demandas, apelaciones y sentencias a lo largo de dos décadas, en las cuales ya han fallecido 156 ancianos sin recibir sus recursos. En estos días la Asociación de Jubilados y Veteranos de La Cemento Nacional (hoy Holcim) ha emprendido una campaña denominada “Tumbas de cemento”, en reclamo al pago y por sus compañeros fallecidos.

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El problema surgió cuando al empezar la dolarización hubo dos posiciones contrapuestas sobre el cálculo del pago: transformar los dos centavos por kilo de sucres a dólares. La proporción era 0,0000008 % por el precio de cada kilo. Esto, multiplicado por la producción en diez años, daba $15 551. La otra era que los dos centavos de sucre debían transformarse en dos centavos de dólar. Con ello, la empresa tenía que pagar $398 millones.

En este sentido la Corte Constitucional, en 2010, consideró que se debía dejar de lado la denominación monetaria y calcular el 1,57 % del precio de cada kilo y establecer los intereses de los años que no se pagaron, con una tasa de 5,31 %. En la misma sentencia, la Corte ordenó pagarles a los jubilados $89 millones.

Tras apelaciones, en 2014 la Corte se ratificó en los parámetros, pero dijo que se cometió un error en el cálculo sobre los kilos producidos. Desde entonces, varios jueces han tenido la causa y han nombrado a diferentes peritos que han dado diversos resultados.

Así, en el 2015, la perito Elba Pinzón estableció $69,9 millones; luego, Jessenia Alvarado, $64,8 millones. Después vino Juan Herrara y calculó un pago de $3,6 millones.

Aunque la jueza Teresa Quintero ordenó ese pago, la acción fue anulada. El caso pasó a manos de la actual jueza Vanessa Wolf, quien en febrero de 2020 nombró al perito Franco, quien estableció en mayo pasado que la cifra que correspondía era $101 millones.

Según Eduardo Carmigniani, abogado de Holcim, la empresa ya impugnó el nuevo peritaje de Franco, debido a que no se acogió a las fórmulas establecidas por la Corte en 2014 y aseguró que la jueza Wolf también les ha dado la razón al indicar que no se cumplieron esos parámetros.

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El jurista asegura que la empresa ya ha puesto una queja ante el Consejo de la Judicatura (CJ) en contra del perito y que debe enmendar su cálculo porque si no podría ir a la cárcel.

También exhibió un peritaje privado realizado por el economista Walter Spurrier, el cual establece que el pago debería ser de $3 millones.

Carmigniani incluso aseguró que la empresa nada tiene que pagar, porque en 2017 ya se cancelaron los $3 millones al Seguro Social.

Testimonio

Raquel Jiménez, jubilada

"Hemos tenido dos fallos favorables de la Corte, pero Holcim no acepta pagarnos", explica Raquel Jiménez, aquí junto a su esposo.

“Trabajé durante 36 años en la cementera (1970- 2006) en trabajo social. En el año 70 conocí a mi esposo en la misma empresa, pues trabajaba en el área técnica. Ahora ambos estamos jubilados y hemos reclamado nuestro derecho por varios años. No entiendo por qué, si esto está en la ley, y ya hemos tenido dos fallos favorables de la Corte, Holcim no acepta pagar.

Esta jubilación especial se planteó porque compañeros presentaban problemas de la piel, pulmonares, por los gases de los hornos. De la gente que trabajaba en la oficina, algunos estamos sordos porque el ruido siempre era muy fuerte... En mi casa tuvimos COVID-19 y recurrimos a préstamos para pagar los gastos. Hubiésemos podido enfrentar mejor esto con los fondos de la jubilación”. (I)

Redacción
Redacción

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