La Comisión ocasional de la Asamblea Nacional de Enmiendas Constitucionales inició el trámite de la propuesta de tres reformas a la Constitución que buscan eliminar el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs); volver a la Función Legislativa bicameral; y, reubicar a la Fiscalía General del Estado fuera de la Función Judicial.

La comisión presidida por la legisladora, Elizabeth Cabezas (AP), se reunió este 10 de junio y conoció la resolución tomada por el Consejo de Administración Legislativa (CAL), sobre el dictamen de la Corte Constitucional y la resolución del Consejo Nacional Electoral (CNE). Con ello, se inicia el trámite legislativo del proyecto de reforma parcial a la Constitución de la República, presentado por el Comité por la Institucionalización Democrática, en virtud de que cumple con el requisito de legitimidad ciudadana.

En una rápida sesión, Cabezas anunció que una vez conocida la resolución del CAL la comisión se reunirá próximamente para aprobar una hoja de ruta e invitar a los proponentes de las reformas, así como a otros actores políticos del país.

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El Comité por la Institucionalización Democrática lo integran: Rosalía Arteaga, Pablo Dávila, Simón Espinosa, José Ayala Lasso, Gustavo Noboa, Hernán Pérez Loose y Darwin Seraquive

Proyecto de reforma parcial a la Constitución de la República plantea eliminar el Cpccs y transferir las facultades de designación de las autoridades control a la Función Legislativa, para lo cual se propone una reestructura del primer poder del Estado a través de un sistema bicameral, que prevea un sistema de designación de autoridades basado en la meritocracia, impugnación ciudadana y veeduría. A su vez, se refuerzan las facultades de fiscalización del legislativo y se instaura un sistema de control interno para sus miembros.

Se propone reforma la estructura organizacional de la Fiscalía General del Estado para garantizar la independencia del control público y fortalecer la lucha contra la corrupción. De esta forma, se elimina la Fiscalía del control del Consejo de la Judicatura, y se le otorga autonomía institucional. (I)