"Sé que corre peligro mi familia y que tratarán de mancharme, pero esto debe acabar", denunció en una carta un jefe médico del hospital del IESS de Guayaquil, Teodoro Maldonado Carbo (HTMC), en abril del año pasado.

Antes había explicado cómo funcionaba el mecanismo con el que operaba ahí una red de corrupción que se extendió a otras unidades médicas y que ha perjudicado a más de 3 millones de afiliados en el país. Ellos han visto cómo sus aportes se diluyen en contratos con sobreprecios para la compra de mascarillas o fundas para cadáveres mientras, -en medio de una pandemia por el Covid 19- se pierden vidas por falta de médicos, camas de terapia intensiva, equipos respiradores o medicinas.

En su extenso relato, el cirujano contó que en enero del 2018 el entonces gerente general del HTMC, Luis Jairala Zunino, convocó a todos los jefes de áreas para darles una consigna que sorprendió a los especialistas: "El pedido (de compra de insumos médicos) debe ser por un año y no como antiguamente se hacía, trimestral o cuatrimestral". -Jairala aseguró que se hizo esto porque "no había nada en el hospital y la gente se moría".

Nosotros pedimos órdenes cuatrimestrales y nos regresan para reafirmar el pedido como emergente, cosa que se escapa de nuestras manos", dijo un coordinador médico del hospital Teodoro Maldonado Carbo.

Las compras debían sustentarse en los informes de bodega, cuyo encargado -señala la denuncia- los presionaba por la supuesta falta de equipos o fármacos y manipulaba el sistema para que la pantalla refleje un stock 'cero' que obligue a los jefes a declarar como emergente la adquisición del producto.

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Así, en medio de una supuesta urgencia por desabastecimiento, surgió la figura de los "convenios de pago" amparados en una declaración de emergencia, una especie de contratos directos, pero reservados, que aún hoy no constan en los registros del Servicio de Contratación Pública, Sercop.

Una muestra de 18 de esos convenios, analizados en un informe de la Contraloría General del Estado, por montos de $ 364 mil a $ 999 mil, reflejó un perjuicio por $ 11,9 millones para los afiliados del IESS, en el periodo enero-junio del 2018.

Hay una red que sigue los procesos, para todos se dividen. El hospital Teodoro Maldonado se mueve con partidos políticos, se lo digo yo que he trabajado ahí", comentó una exfuncionaria de departamento de Compras Públicas del HTMC.

Esta cifra no incluye el perjuicio de $ 20,8 millones por la compra insumos y dispositivos que no se utilizaron, de un total de 19 convenios de pago valorados en $ 26,4 millones. Por ejemplo, el 5 de diciembre del 2017 se compraron insumos de cirugía general por $ 793.535, de los cuales no se usaron $ 603.514 porque se había pedido en exceso. Y, en cambio, una compra de 3.600 dosis de Eritropoyetina, necesaria para pacientes con insuficiencia renal que necesitan aumentar sus glóbulos rojos, se compró a $ 154 cada una, cuando el valor no superaba los $ 12. El sobreprecio alcanzó el 1.384%.

"Se manejaba un sistema de contratación púbica externo: los empleados de planta no hacían nada, luego de su salida entraban 'ellos' a asignar los contratos", reveló el jefe de otra área clínica del HTMC que prefirió no exponer su nombre para no sufrir amenazas o agresiones que el año pasado ya enfrentaron médicos como Álex Vivas o el exdirector del hospital, Gregorio Mateo. Al primero lo atacaron en su vehículo y al segundo luego de salir de su consultorio. Ambos habían denunciado corrupción, y Mateo había retirado del hospital a personas ajenas que ejercían actividades en el área de compras públicas del HTMC.

Una de estas personas se presentó en diciembre pasado en el área de Presupuesto para presionar a la coordinadora, W. Ordóñez, por un contrato firmado en la gestión de Fadul Jurado como gerente del HTMC, denunció una auxiliar contable de dicha área.

Luego mi jefa me indicó dijo que tenía que sellar (el contrato) sino me sacaba de hospital.., me seguía presionando para que selle dicho proceso, lo cual terminé sellando debido a la presión y amenazas", dijo la funcionaria que se quejó de represalías posteriores.

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El hospital Teodoro Alvarado Carbo, el más grande del IESS en la Costa, tocaba fondo. Media docena de funcionarios médicos del HTMC consultados por este Diario dijeron que en la última década el hospital ha sufrido la injerencia de movimientos políticos como Alianza PAIS, Fuerza Ecuador, (antes Partido Roldosista Ecuatoriano), y de otras tendencias afines al oficialismo.

En ese hospital, varios jefes de áreas consultados por este Diario, coordinadores médicos y funcionarios administrativos identificaron a Daniel Salcedo Bonilla como supuesto enlace para la adjudicación de contratos vinculados con el movimiento Fuerza y Fe, que representa Dalo Bucaram, exasambleísta, quien aceptó una entrevista, pero luego pidió que esta no se publicara.

Daniel Salcedo, con orden de prisión por el delito de peculado, es dueño de H.D.C. Producciones, una empresa que ha recibido contratos por unos $3 millones entre 2017 (2 de Inmobiliar y 1 de Contraloría) y 2018 (Corporación Nacional de Telecomunicaciones). Salcedo también, en otra compañía, es socio de un hermano de Dalo y Jacobo.

En el área de contratación del HTMC, detalló un coordinador médico, el personal se repartía funciones específicas, entre ellas solicitar proformas a proveedores allegados para fijar el precio referencial del contrato o convenio, invitar a proveedores, la mayoría vinculados entre sí para que el elegido pertenezca al mismo grupo empresarial, y finalmente negociar el contrato.

Las proformas para los convenios de pago, todas, se enviaron desde un correo que no pertenecía al IESS (htmc.compras@gmail.com) y los precios de referencia superaban los valores del mercado, refiere Contraloría, aunque Jairala defiende que no hubo sobreprecios porque las compras no llegaban al "precio techo" fijado por el Ministerio de Salud.

Algunos jefes médicos no están de acuerdo. "De los contratos que yo revisé, siquiera 120 contratos tenían sobreprecio", dijo un galeno a quien se delegó para participar en una etapa de negociación, en la que -asegura- logró descuentos del 30, 40 y hasta el 75%, cuando lo máximo histórico había sido 5%.

Todas mis actuaciones están soportadas en los descargos. He pasado cuatro auditorías en un año, yo voy a esperar, porque tengo un cuerpo de abogados metidos en esta cuestión", afirmó Luis Jairala Zunino, exgerente del hospital del IESS Teodoro Alvarado Carbo.

La facilidad, rapidez y reserva con la que se firmaban los convenios disparó las cifras. En el 2016 los convenios significaban el 5% de los $ 112 millones en compras, pero en el 2018 el porcentaje subió al 30%, es decir que los convenios pasaron de $ 6 millones a $ 125 millones, un incremento de 1011%, hasta mediados del 2018, según los registros del HTMC.

Los procesos para los contratos, en cambio, tomaban más tiempo, debían cumplir los requisitos de un concurso y publicarse en el portal web de Contratación Pública. Estas formalidades no impidieron la queja de algunos proveedores que denunciaron direccionamiento de contratos, sobreprecios y la exigencia de coimas para las adjudicaciones.

Uno de ellos, el dueño de empresa dedicada a la fabricación de prótesis, contó su experiencia en uno de los concursos en el 2018: "Aplicamos para ver si ganábamos, pero nos visitaron dos tramitadores de Guayaquil y uno de Quito, para ofrecernos ganar. El precio que se había fijado por unas 100 prótesis era de $ 830 mil, ahí estaba incluida la coima que había que repartir, la mayor parte, al director, y de ahí al resto".

El monto fijado por el hospital, dice el proveedor, superaba el doble del valor real. "Hasta en $ 300 mil podíamos haber hecho las 100 prótesis", dijo el empresario, quien hizo llegar a este diario su oferta por $ 391 mil, rechazada por el hospital, según dice, porque no aceptó pagar la coima.

"Me dijeron que del 70% del anticipo que me daban yo debía pagar una parte de la coima, y del 30% restante la otra parte", recordó este proveedor, quien no ha vuelto a participar. "En el 2019 ni metí los papeles, porque era una pérdida de tiempo". En cambio, se quejó, porque ha recibido a afiliados que lo han buscado para que repare algunas prótesis mal confeccionadas por la contratista elegida por el IESS. (I)

Nexos en compañías ligadas a exfuncionario del IESS, MSP, CNEL y Asamblea Nacional

A la mitad de su almuerzo, el martes de la semana pasada, el ingeniero comercial Publio Vásquez Coronel atendió una entrevista para decir que no tiene ninguna relación con Viaproyectos S.A., una empresa que ha recibido, desde el 2013 hasta noviembre pasado, 114 contratos por $ 21,1 millones, de los hospitales más grandes del IESS en el país.

De ese monto, $ 15 millones obtuvo la compañía entre 2013 y 2015, en que Vásquez figuraba como accionista, y $ 14 millones provinieron del hospital Teodoro Maldonado Carbo (HTMC) del IESS, unidad médica donde Vásquez trabajó entre 2012 y 2014 como planificador, según dijo, desarrollando programas para adultos mayores.

"Hace cinco años (2015) no tengo nada que ver con Viaproyectos, vendí mis acciones a Kléber Parrales, mi exsocio, perdí todo contacto con él", recalca Vásquez, de 52 años, y dueño de un patrimonio que ascendía a $ 20 millones, según consta en su declaración jurada ante la Contraloría en mayo del 2017.

Ese mes, Vásquez se posesionó como asesor del asambleísta Julio César Quiñónez, entonces vicepresidente de la Comisión de los Derechos de los Trabajadores y de la Seguridad Social. "Fue asesor por tres meses a inicios del periodo legislativo en el año 2017 y luego dejó de prestar sus servicios", explicó Quiñóñez.

Vásquez fue asesor hasta agosto del 2017 en que asumió como gerente de la Unidad de Negocio Termogas en Machala, de la eléctrica Celec EP. En ese cargo lo acompañó como subgerente, Pedro Zambrano Alvarado, quien había sido director administrativo del hospital del IESS Teodoro Maldonado Carbo (HTMC) en el 2015, año en que Viaproyectos S.A. recibió de ese hospital ocho contratos por $ 1,3 millones. Seis de esos contratos tuvieron la aprobación presupuestaria de Pedro Zambrano como coordinador general financiero del HTMC.

Dos de los seis contratos de Vásquez se dieron por régimen especial, es decir por invitación directa. El primero por $ 356 mil para insumos de monitores del área de Cirugía General y el segundo por $ 51 mil para repuestos de equipos de anestesia.

"Eso ya lo revisó Contraloría, quienes hicieron los estudios de control correspondientes", dijo Vásquez sin detallar la respuesta que dio a esa entidad de control. "No recuerdo, fue hace muchos años", comentó.

En el 2015, otra empresa vinculada a Viaproyectos también recibió contratos del hospital del IESS: Drivecorp S.A.. Ese año recibió un contrato, por $ 506 mil para la compra de dispositivos de cirugía general.

Según los registros de Drivecorp, Viaproyectos consta como cliente principal y ha tenido como accionistas iniciales a Publio Vásquez y a Kléber Parrales. Desde el 2013 hasta el año pasado, Drivecorp S..A. ha recibido 17 contratos de dos hospitales del IESS, el HTMC y el de Portoviejo, por algo más de $ 5 millones. El HTMC le adjudicó a Drivecorp contratos para equipos de electrocirugía, camillas hidráulicas, carritos para accesorios de materiales.

Viaproyectos también figuró como proveedor de la compañía Negotecno S.A. mientras Publio Vásquez aún era socio. Negotecno recibió entre 2013 y 2014 del hospital Teodoro Maldonado 13 contratos por $ 4,2 millones. Entre ellos para la compra de tijeras y cuchillas ultrasónicas, electrodos, pinzas de agarre y otros equipos para electrocirugía.

En una comparación entre las compras de tijeras tipo pistola para cirugía, este Diario encontró una diferencia de casi 750 dólares entre el Hospital Carlos Andrade Marín, de Quito, y el Teodoro Maldonado Carbo, ambos del IESS, en el año 2013. En abril de ese año, el HTCM comenzó el proceso para la compra de 180 "tijeras laparosónica con mango tipo pistola de 36 cm. de largo y 5 cm. marca Ethicon Endo Surgery modelo GEN04 de Johnson & Johnson".

Se reunieron cuatro cotizaciones y se determinó que su precio era $1.850 cada una. En la subasta solo participaron Drivecorp y Negotecno, empresas relacionadas entre sí. En la puja del 8 de mayo ganó Drivecorp con un total de $316.530, es decir cada tijera a $1.758,50. El producto provenía de Brasil.

Cinco meses después, el HCAM también llamó a una licitación para la compra de 158 "tijeras laparoscópicas curvas para bisturí armónico de 36 cm de largo y 5mm de diámetro mango ergonómico y activación manual estéril descartable marca Ethicon Endo Surgery de Johnson & Johnson".

Sin embargo, consideró que el precio sería de $1.100 cada una, aunque no reunió proformas. A mediados de noviembre se calificó solo a un proveedor, al que después de una negociación de rebaja de precio se le adjudicó el contrato. Se trató de Miguel Chávez Hernández (de Máxima Medical). De acuerdo a lo pactado, cada tijera tuvo un precio de $1.012 y provenía de México.

Dos cirujanos consultados por este Diario señalaron que el precio podría variar si los dispositivos son descartables o no, o si las puntas son rectas o curvas, pero que en ningún caso la diferencia podría llegar a $ 750, como en la compra del HTMC.

El Hospital Teodoro Maldonado también le adjudicó contratos a la Corporación Plazacrópolis: 5 adjudicaciones por 1,9 millones. Entre sus proveedores consta también Viaproyectos S.A. La empresa Garbocorp, también fue adjudicada con tres contratos por $ 1,8 millones. Ahí, su socia principal, Miriam Yuquilema Naranjo, fue parte de la plantilla de Viaproyectos desde el 2002 hasta diciembre del 2017. El año pasado el gerente de Garbocorp fue Kléber Parrales, exsocio de Publio Vásquez.

Mientras que en Equipeinsu, también contratista del IESS por $ 1,7 millones entre 2013 y 2014, consta como socia Gloria Ayala Ramírez, quien en ese período trabajó para la Corporación Plazacrópolis, proveedora de Viaproyectos. Su hermano, Ronald Ayala trabaja en Equipeinsu, y antes laboró en el HTMC y en la Celec EP.

"No tengo ninguna relación con ellos, soy docente universitario, administrador de empresas, me especializo en servicios de salud, tengo una maestría en servicios de salud", recalca Vásquez y pide que la entrevista se realice mediante una videollamada para identificar al periodista, luego cuelga, y cuando se lo llama de nuevo para la videollamada pide tiempo para terminar su almuerzo. (I)