Fiscalía incauta más de $1,6 millones en efectivo y cheques en operación para desarticular red de corrupción relacionada con la obra pública en Manabí

Actualizado a las 21:30

Servidores públicos como trabajadores municipales y hasta el asesor de un asambleísta son parte de los nueve detenidos que dejó una operación contra una red de corrupción relacionada con la obra pública en Manabí, que vendría operando hace varios años, incluso desde la reconstrucción de lo que fue el terremoto de 2016.

Entre la tarde y noche del jueves último, varios fiscales y agentes de unidades especiales de la Policía realizaron nueve allanamientos en los cantones manabitas de Bolívar, Pedernales y Portoviejo. Según la ministra de Gobierno, María Paula Romo, una primera línea de investigación es que el caso podría estar relacionado con una contratación de obra pública en el hospital de Pedernales, sitio que fue el epicentro del terremoto de abril de 2016.

Hace quizá un año, recordó Romo, la Secretaría Anticorrupción identificó garantías falsas para un contrato en el hospital de Pedernales. Ese hecho habría generado que se dé de baja esa primera adjudicación y se inició un nuevo proceso. “El Gobierno no ha perdido de vista ni esos contratos ni esa zona, porque lo que ha pasado en Manabí no puede descuidarse (...). Hemos vigilado este contrato para dar con una posible red que está vinculada con otras instituciones con obra pública”, refirió Romo.

La obra de la construcción del hospital de Pedernales fue adjudicada a la compañía Consorcio Pedernales-Manabí por un monto de $16,4 millones. La semana pasada se iniciaron los trabajos de remoción de suelo e incluso la tarde del pasado jueves, cuando se dieron los operativos, Gabriel Martínez, ministro de Transportes y Obras Públicas, hizo un recorrido por los trabajos. Minutos después de esa visita se produjo la detención de José V. S., uno de los integrantes de ese consorcio.

El director nacional de la Policía Judicial, Geovanny Ponce, explicó hoy que desde el 11 de marzo pasado venían realizando la operación Victoria 306. La organización delictiva desarticulada y los detenidos estarían involucrados con delitos como asociación ilícita, tenencia y porte de armas de fuego, cohecho, enriquecimiento ilícito.

El oficial informó que entre las evidencias recuperadas en esta operación estarían 4 armas de fuego, 1 chaleco antibalas, 36 cartuchos 9 mm, 3 vehículos, $662 191,70 en efectivo, $1 039 529,01 en cheques, 14 unidades móviles, 3 CPU, 4 computadoras portátiles y varios documentos vinculantes.

Contra los nueve detenidos habrían existido órdenes de detención, pues, dijo Romo, eran los “blancos de la investigación”. Pasadas las 13:00 de hoy se instaló la audiencia de formulación de cargos.

La ministra añadió que en manos de los funcionarios públicos y personas naturales detenidas se encontraron sellos de instituciones públicas, como municipios, prefecturas y del Gobierno Central, y además confirmó que uno de los allanamientos fue en la casa de un asesor de un legislador, aunque no dio nombres.

Pero se conoció que Jean B. sería el nombre del asesor del asambleísta por Manabí Daniel Mendoza y que fue detenido la tarde del pasado jueves en Portoviejo mientras circulaba en una camioneta con otras tres personas. Cuando los agentes policiales les pidieron que se bajaran del vehículo para la revisión respectiva, hallaron en su interior $42 000.

Este Diario intentó de diversas formas comunicarse con el legislador Mendoza, pero no hubo respuesta. Pese a ello, él respondió en su cuenta personal en varios tuits señalando: “Colaboraré en todo lo que requieran las autoridades”, que “frente a los hechos relacionados al allanamiento en Calceta y las insinuaciones malintencionadas de grupos interesados en caotizar, pido a las autoridades de justicia que actúen con celeridad e independencia para que se aclare lo ocurrido”.

El asambleísta no se refirió sobre Jean B. y cerró los comentarios respecto del tema diciendo: “Dado que cualquier pronunciamiento en mi calidad de legislador podría malinterpretarse como una injerencia en la justicia, no me referiré más al tema mientras se desarrollen las diligencias”.

Jean B. no solo sería asesor en la Asamblea Nacional, sino también es el secretario del movimiento político provincial Mejor, lista 100, de la cual Mendoza es su director provincial. Mendoza fue elegido asambleísta de Manabí con el respaldo del movimiento Alianza PAIS, lista 35, dentro de una cuota del movimiento provincial Unidad Primero, el cual es dirigido por el exprefecto de Manabí Mariano Zambrano, quien hizo alianza con la tienda oficialista desde la época del expresidente Rafael Correa.

Tras la detención de Jean B., se hizo un allanamiento a su vivienda en la ciudad de Calceta (cabecera cantonal de Bolívar), en donde también hubo decomiso de dinero y otras evidencias. En otro allanamiento en Portoviejo se incautaron, dentro de una ciudadela privada, seis cheques, varios documentos y $30 000 en efectivo.

Julio Villacreses, coordinador de la Comisión Nacional Anticorrupción núcleo de Manabí, indicó que el pasado 8 de mayo dirigió un pedido a René Tamayo, director general del Servicio de Contratación de Obras, para que se indague la adjudicación, al Consorcio Pedernales-Manabí, de la obra del nuevo hospital del cantón, por la que incluso ya se desembolsaron más de $8 millones (50 % del total del costo de la obra).

Esta tarde, Juan José Bermúdez, juez de Garantías Penales de Portoviejo, dictaminó prisión preventiva para siete de las nueve personas detenidas por ser supuestos partícipes de una red de corrupción en el sistema público en esa provincia.

Adjudicación

Para Juan Carlos Guerra, presidente del Colegio de Ingenieros Civiles de Manabí, lo importante será que se indaguen todas las denuncias sobre irregularidades en la adjudicación del contrato para la construcción del hospital de Pedernales, pero también que esta obra no quede relegada. “Se debe esperar a las investigaciones para determinar si afecta o no a la obra”, dijo. (I)

Hemos vigilado este contrato (hospital en Pedernales) para dar con una posible red que está vinculada con otras instituciones con obra pública”, María Paula Romo, ministra de Gobierno.