Con los votos de la bancada de la Revolución Ciudadana (RC), la Comisión de Desarrollo Económico aprobó el informe para segundo debate del proyecto de Ley de Apoyo Humanitario que obliga a contribuir a los trabajadores que ganan a partir de $2500 mensuales, además se incluye un impuesto del 2% a los bienes de las sociedades y personas naturales domiciliadas en paraísos fiscales.

Al fondo de la cuenta especial que se creará para atender situaciones de salud, alimentación y reactivación productiva, también deberán aportar las sociedades que realicen actividades económicas, con el 5% de las utilidades obtenidas en el 2019, siempre que la misma haya sido igual o mayor a $2.5 millones.

Con lo legisladores de la bancada RC: Doris Soliz, Mauricio Zambrano y Carmen Rivadeneira, votaron cuatro legisladores de Alianza PAIS: Esteban Albornoz, Elizabeth Cabezas, Rubén Bustamante y Mariano Zambrano. También se sumó el representante de la Bancada de Acción Democrática Independiente (BADI), Fernando Burbano. Con ellos, sumaron ocho votos a favor del informe que pasará a conocimiento del pleno la próxima semana.

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En cambio, los delegados del bloque de CREO anunciaron que presentarán un informe de minoría al igual que el PSC y SUMA.

Una de las condicionantes para que los votos de los asambleístas se sumen a aprobar el informe fue la inclusión en el artículo 5 del proyecto de Ley, el texto relacionado con establecer un impuesto del 2% a las sociedades o personas naturales domiciliadas en paraísos fiscales que tengan la propiedad de bienes inmuebles en el Ecuador. El impuesto lo pagarán según el avalúo catastral del ejercicio fiscal de 2020.

Este texto se volvió polémico a igual que a tabla de las contribuciones. A inicios de la semana, ocho legisladores incluidos de Alianza PAIS, apoyaron la moción del asambleísta Homero Castanier (CREO), que retiró el texto incluido en primer debate sobre el impuesto del 2% a los bienes de las sociedades en paraísos fiscales por considerar que era inconstitucional, pues los artículos 135 y 301 que establecen la prohibición de la Asamblea para crear impuestos y determina que esa iniciativa es privativa del Ejecutivo. Este texto del impuesto del 2% no se incluyó en el proyecto original que ingresó a la Asamblea el 16 de abril pasado.

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Cuatro días después, los mismos votos de AP volvieron a respaldar la propuesta de la Revolución Ciudadana que se agregue el impuesto del 2% al patrimonio a los bienes de sociedades en paraísos fiscales y eso facilitó la aprobación del informe.

Informe de la #LeyHumanitaria recoge texto planteado por bloque de la Revolución Ciudadana de incluir el 2% de contribución a sociedades o personas naturales domiciliadas en paraísos fiscales, cuyos bienes inmuebles están en el país. Vía @vicenteopi pic.twitter.com/lszOiZxMm4

Tabla de contribuciones

De acuerdo a lo aprobado por la Comisión la contribución solidaria empezará desde aquellas personas que ganen un sueldo neto de $2500. La propuesta inicial del Ejecutivo planteó que el aporte empiece con aquellos que ganen un sueldo de $500 mensuales, lo cual fue rechazado por la Comisión de Desarrollo Económico quien planteó para primer debate un tabla de $720, que tampoco tuvo apoyo en la sala.

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La tabla incluye once escalas de contribución, quienes ganen de $2500 a $3500 pagarán $137 y el excedente será de 8,5%; para los que perciben de $3500 a $4500 deberán pagar $222 y aplicarán un excedente del 9,5%; desde $4500 a $5500 aportarán $317 y el excedente será de 11%; desde $5500 a $7500 pagarán $427 y el excedente será del 13%; de $7500 a $10 000 aportarán $687 y el excedente se ubica en 15%. La última escala es para quienes ganen $250 000 mensuales que pagarán $68 562.

El valor pagado por concepto de contribuciones podrá ser utilizado como crédito tributario para el pago de impuesto a la renta a parte del ejercicio fiscal 2022, del mismo contribuyente, a razón del 20% de dicho valor, en cada año. Quienes no contribuyan o siendo agente de retención no declare las contribuciones deberán pagar una multa del 1,5% de los valores no declarados.

En el informe para segundo debate de la #LeyHumanitaria se propone que la contribución solidaria por la emergencia empiece para quienes ganen $2000 mensuales. @Rubn_Bustamante (AP) mociona que se apruebe el informe; y se abre el debate. Vía @vicenteopi pic.twitter.com/6Rc7WOOkco

Todos los fondos que se recauden irán a una cuenta especial de asistencia humanitaria para enfrentar la emergencia sanitaria producida por el COVID-19, así como para enfrentar los problemas económicos y sociales que produzca la emergencia.

Será el Presidente de la República quien nombre a cinco miembros de la sociedad civil con capacidad técnica, idoneidad y probidad quienes conformarán un Consejo Consultivo y de observación para el correcto manejo de la cuenta especial. Los observadores no recibirán remuneración alguna.

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El uso y destino de los recursos de la cuenta única será definido por el Presidente de la República y serán administrados de la misma manera y con todas las prevenciones legales con las que se administración los recursos públicos.

Medidas Solidarias

En el proyecto de Ley se incluye algunas medidas solidarias que tienen relación con los servicios básicos, renta, y pagos de créditos.

Respecto a las pensiones educativas, se encarga al Ministerio de Educación definir el porcentaje de ayudas económicas que deberán otorgar a los estudiantes de los centros de educación particulares, fiscomisionales y municipales. De manera excepcional, el gobierno entregará ayudas mediante compensaciones monetarias para cubrir parte de la pensión del presente año lectivo a guarderías, escuelas y colegios.

Se prohíbe los desahucios hasta 60 días después de levantada la emergencia y los arrendatarios podrán acogerse a la suspensión del pago de alquiler, siempre que cancele el 20% del valor pendiente de arriendos en caso de locales comerciales, y que el arrendatario demuestre que sus ingresos fueron afectados en al menos un 30% con relación al mes de febrero.

No aumentarán valor de servicios básicos

En torno a los servicios básicos, se prohíbe durante seis meses de entrada en vigencia el estado de excepción el incremento de valores, tarifas o tasas de servicios básicos, incluyendo telecomunicaciones e internet, públicos o privados.

Todas las empresas de servicios básicos de agua potable, energía eléctrica, telecomunicaciones e internet, suspenderán temporalmente los cortes por falta de pago de estos servicios, mientras permanezca vigente el estado de excepción y hasta por dos meses después de su terminación. Se deberán reprogramar los pagos hasta por doce meses, sin que generen intereses.

Los usuarios de servicio público de energía eléctrica, ubicados en los primeros dos quintiles de nivel de ingresos, serán beneficiarios de una rebaja del 10% en el valor total del servicio de electricidad en los consumos de marzo, abril, mayo y junio de 2020. La Agencia Nacional de Control y Regulación de Electricidad también dispondrá la rebaja de los cargos por energía en horas de la madrugada.

Las personas naturales que ejercen actividades económicas, micros y pequeñas empresas, así como las empresas y cooperativas de bienes y servicios que se mantuvieron cerradas durante el estado de excepción y no hayan podido realizar el pago de sus obligaciones con la seguridad social de los meses de marzo, abril, mayo y junio, podrán realizarlas sin intereses, multas, recargos ni responsabilidad patronal.

Todas las entidades del sistema financiero nacional, incluidas las entidades emisoras de tarjetas de crédito tendrán que reprogramar el cobro de cuotas mensuales generadas por cualquier tipo de obligación crediticia.

Se suspende el cobro de multas e intereses de todos los procesos de matriculación vehicular y revisión técnica mecánica generados durante la vigencia del estado de excepción por calamidad pública.

Créditos y ayudas para garantizar trabajo

El gobierno nacional constituirá un fideicomiso público en la Corporación Financiera Nacional, con la finalidad de otorgar créditos y ayudas públicas a empresas que requieran financiamiento emergente para enfrentar los efectos económicos de la pandemia causada por el COVID-19. El patrimonio del fideicomiso se compondrá por los fondos asignados a éste desde la cuenta especial.

Los trabajadores y empleadores podrán, de común acuerdo, modificar las condiciones económicas de la relación laboral con la finalidad de preservar las fuentes de trabajo y garantizar estabilidad a los trabajadores.

El acuerdo podrá ser propuesto tanto por trabajadores como por empleadores. Los empleadores deberán presentar, de forma clara y completa, los sustentos de la necesidad de suscribirlos, para que el trabajador pueda tomar una decisión informada. Una vez suscritos los acuerdos, estos deberán ser informados al Ministerio del Trabajo, quien supervisará su cumplimiento.

Se establece la posibilidad de celebrar contratos laborales especiales emergentes que tendrán un plazo fijo.

De manera excepcional, y mientras dure la emergencia sanitaria, las micro y pequeñas empresas podrán reducir la jornada laboral, hasta un máximo del 50%, debiendo la remuneración del trabajador no ser menor al 55% de la fijada previo a la reducción; y el aporte a la seguridad social pagarse con base en la jornada reducida. Las micro, pequeñas y medianas empresas deberán notificar a la autoridad de trabajo, indicando el período de aplicación de la jornada reducida y la nómina del personal a quienes aplicará la medida.

Durante los meses de abril, mayo, junio y julio del 2020, los afiliados del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, en relación de dependencia, que pasaren a situación de desempleo por causas ajenas a su voluntad, podrán acceder a la prestación del Seguro de Desempleo; y como requisito se incluye que debe estar en situación de desempleo por un periodo no menor de diez días.

Estabilidad trabajadores de la Salud

Como excepción, y por esta ocasión, las personas que hayan trabajado durante la emergencia sanitaria del coronavirus (COVID-19), en cualquier centro de atención sanitaria de la Red Integral Pública de Salud (RIPS), previo el concurso de méritos y oposición, en el que se les otorgará una calificación adicional que será regulada en el reglamento a esta ley, ingresarán directamente a la carrera del servicio público, en el mismo nivel remunerativo que venían manteniendo, mediante la expedición del respectivo nombramiento permanente, siempre que no se trate de aquellos puestos excluidos de la carrera; sin perjuicio, de la reclasificación que a futuro pudiera realizarse para ubicarlos en el grado que le corresponda y de las acciones que pudieran efectuarse de ser el caso, ante el incumplimiento de las normas legales vigentes, a la fecha de suscripción de los respectivos contratos o nombramientos.

Los concursos públicos de méritos y oposición para otorgar los nombramientos definitivos, se los realizará en el plazo máximo de tres meses a partir de la entrada en vigencia de esta Ley, previo cumplimiento de los informes que exige la ley, por parte de la máxima autoridad de cada centro de salud de la Red Integral Pública de Salud (RIPS), y para su otorgamiento se deberá acreditar la función, experiencia y cargo desempeñado durante la emergencia sanitaria.

Los profesionales de la Salud y el personal sanitario de la Red Pública Integral de Salud (RPIS) que hayan prestado sus servicios durante la emergencia sanitaria decretada mediante Acuerdo Ministerial Nro. 00126-2020, del 11 de marzo de 2020, no podrán ser desvinculados de su cargo hasta que concluya el respectivo concurso de mérito y oposición de su partida, salvo sumario administrativo. (I)