Mediante una telaudiencia se resolverá la tarde de este lunes el habeas corpus interpuesto por César Pachacama, Antonio Villamil y Carlos Chacha, tres de los nueve sentenciados por el delito de paralización de un servicio público que ocurrió en octubre pasado en Lago Agrio, provincia de Sucumbíos. En este caso también fue sentenciado el asambleísta de la Revolución Ciudadana, Yofre Poma, a un año y cuatro meses de cárcel, pero quedó en libertad porque se le otrorgò el beneficio de suspensión condicionada de la pena.

Gustavo García es el abogado de los solicitantes, quienes recibieron una pena de cuatro años de cárcel por ser ubicados como autores del delito, y en su pedido hace saber que sus tres clientes se encuentran en un "situación de salud compleja", debido a la emergencia sanitaria generada por el COVID-19. Pachacama, Villamil y Chacha cumplen su pena en el Centro de Rehabilitación Social de El Inca, al norte de Quito.

Para la defensa de los sentenciados por hechos ocurridos en octubre pasado, durante las jornadas de protestas debido a medidas económicas adoptadas por el Gobierno de Lenín Moreno, la situación sanitaria es grave, pues sus clientes podría ser contagiados o contagiar a la población penitenciaria del virus "poniendo en riesgo sus vidas y la de cientos de personas". Razón por la que dicen hacer el pedido para proteger la vida y la integridad de toda la población carcelaria.

Ante las condiciones generales del sistema carcelario y el estado de emergencia sanitaria que atraviesa el país, la tarde de ayer la presidenta de la Corte Nacional de Justicia, Paulina Aguirre, sugirió a los jueces privilegiar la imposición de medidas cautelares alternativas a la prisión preventiva en casos de delitos flagrantes en que Fiscalía decida formular cargos para así coadyuvar con el aislamiento social y resguardar la salud pública.

Además en los casos de personas en situación de riesgo en el contextos de la pandemia, como personas de la tercera edad, enfermos catastróficos, mujeres embarazadas, entre otros, se deben evaluar las solicitudes de beneficios carcelarios y medidas alternativas a la prisión.

La defensa de los tres solicitantes de habeas corpus piden la libertad inmediata paras así garantizar la vida y la integridad física no solo de ellos, sino de la población carcelaria en general.

El tribunal de la Sala Especializada de la Familia, Niñez y Adolescencia de la Corte Nacional de Justicia, integrado por los jueces Carlos Pazos (ponente), Pablo Valverde y Roberto Guzmán, resolverá el recurso desde las 14:00 de este lunes.

El 8 de noviembre último, Poma y las ocho personas más recibieron una sentencia por hechos ocurridos en Lago Agrio durante las jornadas de protesta de octubre pasado.

Según Fiscalía, los nueve procesados participaron en el ingreso violento a las instalaciones en las que funcionaban válvulas del Sistema de Oleoducto Transecuatoriano (Sote) y obligaron a dos técnicos a paralizar el paso de crudo. A decir de la EP Petroecuador, la paralización de más de dos horas produjo una pérdida al país de $ 1,7 millones. (I)