En marzo, la Procuraduría tendría listo un proceso de depuración para saber cuáles son los juicios activos en contra del Estado.

Actualmente, según el procurador general, Íñigo Salvador, hay sobre los 100 000 procesos de ciudadanos que han tenido alguna relación con el Estado, como contratistas, empleados o trabajadores.

Con la depuración, Salvador aspira a que pasen a 60 000 casos relevantes. Para ello se tomarán en cuenta repercusión social, cuantía e impacto político y social. Destacó la suscripción de un convenio con el Ministerio de Economía y el Banco Interamericano de fortalecimiento institucional, cuyo componente principal es un nuevo modelo de gestión.

En el ámbito internacional, el caso Chevron es el más grave en términos de contingencia monetaria. Recordó que, en agosto del 2019, un tribunal declaró que el Estado es responsable por un daño causado a la compañía. Lo único que se está debatiendo en la última fase del proceso arbitral es a cuánto asciende el daño.

La primera pretensión de Chevron está en torno a los $2000 millones, pero el Estado aspiraría a una cifra inferior a los $1000 millones. Hasta fines de este año se conocería el monto a menos que se declare la nulidad del laudo arbitral que ya fue planteada. (I)