El informe final del Equipo de Seguimiento Especial (ESE) sobre el secuestro y asesinato de los periodistas de El Comercio por parte del Frente Oliver Sinisterra fue presentado ayer, en Washington.

En 103 páginas, el documento señala deficiencias y omisiones de los gobiernos de Ecuador y Colombia no solo en la investigación del crimen cometido entre marzo y abril del año pasado, sino también en las operaciones de seguridad en la zona de frontera.

Entre las 31 conclusiones y recomendaciones, se afirma que “las medidas adoptadas por el Estado ecuatoriano fueron insuficientes para hacer frente a la evidente situación de riesgo extraordinario generado tanto por la presencia de los grupos delincuenciales armados... como por los hechos... y... anuncios de atentados graves”.

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El ESE descartó “una conducta temeraria” de los periodistas, pues ingresaron a Mataje, donde fueron secuestrados, por vías controladas por la fuerza pública. El pedido de ingreso al pueblo, dice, fue autorizado por el jefe del Mando Único de la zona, quien consideró que “no había prohibición de paso, salvo en la noche, ni alteraciones del orden público”.

“Lo anterior no obstante que Mataje atravesaba por serias dificultades de seguridad. Según el ESE, la descoordinación contribuyó a que ninguna autoridad, ni militar ni de policía, adoptara medidas específicas de carácter idóneo..., pues... estimaron que era competencia de la otra”.

El informe recomienda a Ecuador y Colombia crear mecanismos “para evaluar y determinar una reparación integral a los familiares de Paúl, Javier y Efraín”. Otras conclusiones aluden a la falta de coordinación y transparencia en instituciones de los dos países.

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A la presentación del informe del ESE, en la sede de la CIDH, asistieron representantes de los gobiernos, de las víctimas y de organizaciones.

Por el lado ecuatoriano estuvieron Carlos Játiva, embajador ante la OEA; Juan Pablo Morales, subsecretario de Derechos Humanos, y Carlos Espín, subdirector en la Procuraduría. Se limitaron a decir que el informe fue enviado a las entidades respectivas y que una etapa se ha cerrado.

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Yadira Aguagallo, por parte de los familiares, sostuvo que los estados deben garantizar el trabajo de los periodistas “sin importar la reportería que hagan”, mientras que el abogado Juan Pablo Albán insistió en que se desclasifiquen los documentos y lamentó las “omisiones groseras de funcionarios públicos de ambos estados”.

El relator especial para la libertad de expresión, Édison Lanza, aclaró que la información usada es pública y que no cabe reserva alguna. La presidenta de la CIDH, Esmeralda Arosemena, cerró la sesión con un anuncio: “Este informe no va a quedar ni en el aire ni en la nada. Voy a garantizarlo”.

Colombia

El delegado colombiano ante la OEA, Alejandro Ordóñez, pidió que el informe se mantenga en reserva por “la alta sensibilidad de la información de seguridad nacional” y acusó al ESE de excederse en sus atribuciones.

Cabos sueltos

Édison Lanza recalcó la idea de reparación integral, aunque reconoció que aún hay cabos sueltos. (I)

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